Expertos Internacionales en el Conflicto Vasco

20/08/2024

Actualizado a las 21:44h.

Una vez conseguido el acercamiento de los presos etarras al País Vasco, con el fin de la dispersión impulsado por el ministro Fernando Grande-Marlaska, el entorno de la extinta organización terrorista quiere más. El colectivo Sare, afín a EH Bildu y con el apoyo de otros grupos independentistas, ha intensificado sus demandas para lo que consideran el fin de las «leyes de excepción» aplicadas a los presos de ETA.

La manifestación más reciente organizada por Sare tuvo lugar en Bilbao, donde miles de personas se congregaron para exigir medidas adicionales que favorezcan la excarcelación y la reintegración de los presos etarras en la sociedad. Según portavoces de la organización, las actuales leyes y reglamentos penitenciarios siguen siendo una barrera para la normalización de la situación de estos presos, a pesar del acercamiento a cárceles vascas.

Excarcelación de presos de ETA

Desde el Gobierno Vasco, liderado por el PNV y con el apoyo de los socialistas, se han mostrado dispuestos a estudiar estas demandas, aunque también han subrayado la necesidad de que cualquier medida tomada debe respetar el marco legal vigente. Sin embargo, la presión de colectivos como Sare y EH Bildu continúa aumentando. En sus discursos, los portavoces de Sare han hecho un llamamiento a la Consejería de Justicia para que adopte «soluciones creativas» que permitan sortear lo que consideran normas discriminatorias que afectan a los presos de ETA.

En este contexto, la figura del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido objeto de críticas tanto por parte de quienes consideran que ha cedido demasiado ante las demandas de los colectivos proetarras, como por aquellos que creen que no ha hecho lo suficiente para acabar con lo que denominan «política penitenciaria de excepción». Por otro lado, partidos como el PP y Vox han manifestado su total rechazo a cualquier medida que pueda percibirse como una concesión a los presos de ETA y sus simpatizantes.

La situación en País Vasco se encuentra en un punto de tensión, donde el equilibrio entre las demandas de los colectivos independentistas y las medidas de seguridad y justicia sigue siendo delicado. A pesar del acercamiento de los presos, muchos familiares y víctimas de ETA consideran que cualquier medida adicional sería una afrenta a la memoria de las víctimas y un paso atrás en la lucha contra el terrorismo.

En paralelo, EH Bildu ha utilizado esta situación como uno de los puntos clave en su agenda política, presionando al Gobierno central y autonómico para implementar cambios más profundos en las leyes penitenciarias. Los portavoces de EH Bildu han insistido en que la actual política penitenciaria sigue siendo una forma de represalia y castigo colectivo que no se justifica en un contexto de paz.

Los próximos meses serán cruciales para ver cómo evoluciona esta situación y qué medidas, si las hay, se toman para satisfacer las demandas del colectivo Sare y otros grupos afines. El debate sobre la política penitenciaria en el País Vasco no es nuevo, pero la presión actual parece haber alcanzado un nuevo nivel, llevando a la Consejería de Justicia a un punto donde tendrá que tomar decisiones clave sobre el futuro de los presos de ETA y las leyes que los afectan.

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]]> https://oropres.es/ayuso-comenta-sobre-la-detencion-de-nacho-cano-se-busca-desprestigiar-es-estalinismo/ Wed, 10 Jul 2024 13:23:30 +0000 https://oropres.es/ayuso-comenta-sobre-la-detencion-de-nacho-cano-se-busca-desprestigiar-es-estalinismo/ El reciente anuncio del gobierno sobre una nueva normativa ha desatado un torrente de críticas y controversia. Muchos, incluido el líder de la oposición, consideran esta medida como una «forma de censura» y un «ataque al adversario político».

El nuevo decreto, que tiene como objetivo el control de la información relacionada con la administración pública, ha sido tachado de antidemocrático y ha llevado a muchos a expresar su preocupación por el estado de la libertad de expresión en la Comunidad de Madrid.

La norma obliga a todas las instituciones públicas, incluidas las escuelas y hospitales, a proporcionar al gobierno un acceso sin restricciones a todas las comunicaciones internas y externas. Esta medida ha sido fuertemente criticada por los defensores de la privacidad y la libertad de prensa, ya que consideran que esto podría dar lugar a abusos de poder y a la posible manipulación de la información para beneficio del partido en el poder.

El líder de la oposición ha sido especialmente vocal en su crítica a la nueva norma, describiéndola como un «ataque al adversario político». Para él, la norma es una forma de controlar y manipular la información, de manera que solo se muestre un punto de vista: el del gobierno.

Los defensores de la libertad de prensa reaccionan

No son solo los políticos de la oposición los que están alarmados por esta norma. Los periodistas y los defensores de la libertad de prensa también han expresado su preocupación. Para muchos de ellos, la norma no solo viola el derecho a la privacidad, sino que también representa una amenaza directa a la libertad de prensa.

El gremio de periodistas de Madrid ha emitido un comunicado en el que expresa su profunda preocupación por la nueva norma. En el comunicado, el gremio afirma que la norma «erosiona los pilares fundamentales de nuestra democracia» y «amenaza el libre ejercicio del periodismo».

El gremio también ha llamado a todos los periodistas y medios de comunicación a unirse en la lucha contra la norma. Según ellos, es esencial que los periodistas se unan para proteger su derecho a informar libremente y sin interferencias del gobierno.

La norma también ha provocado la reacción de varias organizaciones internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional, por ejemplo, ha declarado que la norma es «una grave amenaza para la libertad de expresión» y ha pedido al gobierno que la reconsidere.

La norma también ha provocado un debate en la sociedad madrileña. Muchos ciudadanos están preocupados por la posibilidad de que la norma pueda ser utilizada para censurar y controlar la información. Algunos temen que la norma pueda ser utilizada para ocultar información incómoda para el gobierno y para silenciar a los críticos del gobierno.

En respuesta a estas críticas, el gobierno ha defendido la norma, argumentando que es necesaria para proteger la seguridad nacional y prevenir la difusión de información falsa. Sin embargo, esta justificación ha sido cuestionada por muchos, que creen que la norma es desproporcionada y que podría ser utilizada para justificar abusos de poder.

En definitiva, el anuncio de esta norma ha abierto un intenso debate sobre la libertad de expresión y el derecho a la información en la Comunidad de Madrid. Mientras que el gobierno defiende la norma como una medida necesaria para proteger la seguridad nacional, los críticos argumentan que esta es una amenaza directa a la democracia y a la libertad de prensa. El desenlace de este debate podría tener importantes implicaciones para el futuro de la libertad de expresión en Madrid y, posiblemente, en toda España.

Un incendio forestal se ha desatado en las áreas circundantes del histórico barrio de Sacromonte en Granada. Las autoridades locales y los equipos de emergencia, incluyendo al Infoca y a los Bomberos de Granada, han movilizado una operación considerable por tierra y aire para combatir las llamas.

El fuego, que se declaró en una zona forestal, ha estado ardiendo desde las primeras horas de la tarde sin que se hayan necesitado desalojos preventivos hasta ahora. Las fuentes de los dispositivos de emergencia han informado a Europa Press que la situación está siendo monitoreada de cerca.

Intensificación de las Medidas de Extinción

El dispositivo de extinción se ha intensificado en las últimas horas, con la incorporación de tres medios aéreos. Estos incluyen dos helicópteros ligeros y un semipesado, lo que resalta la gravedad de la situación. Además, se han desplegado tres grupos de bomberos forestales, un vehículo autobomba, tres técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente para luchar contra las llamas.

El Parque Norte de Bomberos de Granada, en su totalidad, está ahora en la zona del incendio. Desde las primeras horas de la tarde, las llamas se han localizado en el entorno de San Miguel Alto. En este lugar, una docena de efectivos de bomberos de Granada están trabajando incansablemente con varios autotanques para controlar la situación.

Según el Cuerpo de Bomberos, el fuego se encuentra actualmente paralelo a las viviendas ubicadas a lo largo de la carretera antigua de Murcia. A pesar de la proximidad del fuego a estas casas, no se han necesitado desalojos hasta ahora. Sin embargo, la situación sigue siendo volátil y los equipos de emergencia están en alerta máxima.

El incendio en Sacromonte es un recordatorio oportuno de la fragilidad de nuestros ecosistemas forestales y de la necesidad de protegerlos. Los incendios forestales no sólo amenazan la vida y la propiedad, sino que también tienen un impacto devastador en la flora y fauna locales. Los esfuerzos para contener el fuego continuarán mientras las autoridades y los servicios de emergencia trabajan para garantizar la seguridad de todos los residentes en la zona.

Esta historia se está desarrollando y se proporcionarán actualizaciones a medida que estén disponibles. Por ahora, se insta a los residentes locales a mantenerse alerta y a seguir todas las instrucciones de las autoridades. El incendio en Sacromonte es un recordatorio de que la seguridad de todos es la máxima prioridad en estos tiempos desafiantes.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, anunció el traslado de los espectáculos previstos en los Jardines Mediterráneos, situados a escasos metros de la reserva sahariana, después de las acusaciones del CSIC. Según la organización, los conciertos celebrados en La Hoya el pasado fin de semana causaron la muerte de cuatro gacelas y un arruí, especies vulnerables y protegidas. Según informes del CSIC, los animales murieron a causa de episodios de estrés y agitación causados por los conciertos.

La alcaldesa, ante las críticas recibidas por la institución, se defendió alegando que no es veterinaria ni científica y que no puede poner en duda las necropsias practicadas por la veterinaria del centro. Sin embargo, admitió que la falda de la Alcazaba no es el lugar ideal para tener una finca experimental. Añadió que desde hace 35 años se viene hablando del cambio de ubicación, un aspecto que figura en el plan del centro de la EEZA.

Movimiento hacia una solución

La alcaldesa aseguró que trabajarán de la mano con la EEZA y demás administraciones para ofrecerles el sitio idóneo para la reubicación de la finca, según las características y los criterios que ellos han exigido. La esperanza es que se produzca el cambio de ubicación a la mayor brevedad posible, en favor de los casi 400 ejemplares que viven en la finca, un poco hacinados, en poco menos de seis hectáreas.

La finca experimental se encuentra justo al lado del parque de La Hoya, separada tan solo por la muralla de Jairán. Ambos terrenos son propiedad del CSIC. Los terrenos donde se sitúa el actual parque de La Hoya fueron cedidos al Ayuntamiento de Almería en 2007 por un determinado periodo de tiempo. El convenio de cesión especifica que el bien objeto de concesión solo puede destinarse a los fines que la justifican, siendo estos la creación de un parque público urbano con paseos, jardines y pérgolas.

En esta finca se lleva a cabo un programa de conservación de ungulados norteafricanos en peligro de extinción, auspiciado por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA). Así, en sus instalaciones se encuentran unos 400 animales salvajes de tres especies de gacelas y del arruí sahariano, que son el mayor reservorio de estas especies para su conservación y posterior reintroducción en sus países de origen en el norte de África.

El CSIC ha explicado que, debido a su proximidad y tipo de actividad, los conciertos que ha programado el Ayuntamiento de Almería son incompatibles con la preservación de la seguridad y el bienestar de los animales del programa de conservación. Esta incompatibilidad no es nueva. En el verano de 2020, se produjo una situación similar. En esa ocasión se presentó al ayuntamiento un estudio científico-técnico en el que se demostraba no solo el impacto del ruido en los animales de la finca experimental, sino los requerimientos administrativos y legales que se deben cumplir antes de la organización de cualquier evento en el que la contaminación acústica pueda tener un impacto en personas y animales.

Dentro de este contexto, España ha demostrado un desempeño promedio de 32,8, que se encuentra muy cerca del promedio de la OCDE de 32,7, y en ocasiones, incluso por encima de los países de la Unión Europea, que tienen un promedio de 32,1. Sin embargo, dentro del país, los resultados pueden variar, y la comunidad autónoma de Andalucía ha tenido un rendimiento que se ha calificado como de los menos brillantes del territorio español. Andalucía y Castilla La Mancha comparten un porcentaje de rendimiento de 31,7, sólo superado por las dos ciudades autónomas, que registraron un 26,1.

El sistema de evaluación y la importancia del pensamiento crítico

El sistema de evaluación PISA se basa en una escala de 1 a 6, que evalúa si los estudiantes son capaces de «elaborar diseños visuales muy simples», y de apoyarse en temas y asociaciones de ideas evidentes para responder a las tareas. También evalúa si los estudiantes son capaces de generar pensamientos «creativos, originales y diversos en un amplio espectro de tareas de expresión y resolución de problemas, incluyendo las de contextos complejos, abstractos y desconocidos».

Es relevante destacar que sólo el 8,7% de los estudiantes evaluados en el PISA de la OCDE lograron alcanzar 48 puntos o más, lo que les permitió ubicarse en el nivel 6. Apenas el 26,7% alcanzó el nivel 5.

Dentro de este marco, Andalucía se destaca como la comunidad autónoma peninsular con el mayor porcentaje de estudiantes de nivel bajo en pensamiento crítico, con un 23%, al igual que el total de la Unión Europea. Esta cifra contrasta con el 15% registrado en Madrid, Galicia o Castilla y León. La media española se encuentra en el 20%.

Además, Andalucía es una de las regiones donde las diferencias de género en el pensamiento crítico son más significativas, con una ventaja para los estudiantes masculinos. Cataluña lidera en este aspecto con un 9%, pero Andalucía le sigue de cerca con un 8%.

A pesar de que los resultados no son los más alentadores, hay un sabor agridulce en los datos. En el informe general de diciembre, que incluía Matemáticas, Lectura y Ciencia, los resultados fueron más desalentadores. Sin embargo, el mencionado 23% de Andalucía supera al porcentaje total de países como Italia y los Países Bajos (24%) e Islandia (28%).

La compañía, en su continuo esfuerzo por garantizar la calidad y continuidad del suministro eléctrico, ha tomado medidas para minimizar el riesgo de incendio en los bosques que rodean las líneas eléctricas de la provincia. Esta iniciativa subraya la importancia de las estrategias de gestión de riesgos en el mantenimiento de la infraestructura vital y el bienestar de la comunidad.

El 60% de las líneas eléctricas gestionadas por Endesa son aéreas, lo que implica una coexistencia con zonas boscosas y vegetación. Por tanto, una de las tareas esenciales es la tala y poda selectiva de la masa forestal que crece alrededor de las líneas, respetando el espacio estipulado por la Administración entre el bosque y el cableado eléctrico.

La importancia de la prevención y el mantenimiento

Estas labores de tala y poda, en las que la compañía ha invertido más de 650.000 euros en la provincia de Córdoba durante el último año, se han llevado a cabo a lo largo de 7.400 kilómetros de líneas de media y baja tensión y 1.700 de alta tensión. En total, Endesa ha trabajado en más de 9.000 kilómetros de red que recorren toda la geografía cordobesa, una distancia equivalente a la existente entre esta provincia y Uruguay.

Para llevar a cabo estas labores, la empresa ha seguido los criterios de la normativa nacional, ha respetado el calendario de crecimiento de las distintas especies y ha trabajado en estrecha colaboración con las administraciones autonómicas y locales. Estas últimas han determinado que el periodo entre octubre y mayo es el más conveniente para realizar estos trabajos, ya que la savia de los árboles está parada.

Las actividades de tala y poda forman parte del Plan de Verano que Endesa activa anualmente durante estos meses. Este Plan se basa en tres ejes principales:

Primero, la limpieza y cuidado de la masa forestal que crece alrededor de la red eléctrica antes de la llegada del verano. Este esfuerzo ayuda a prevenir los incendios forestales, un problema de salud pública que puede tener efectos devastadores en la calidad del aire y el bienestar de las comunidades cercanas.

En segundo lugar, el uso de helicópteros especiales equipados con cámaras de infrarrojos para realizar termografías, tecnología LIDAR, vídeo en 4K y fotografía de alta resolución. Estas herramientas permiten revisar las instalaciones aéreas y actuar de manera preventiva. La prevención es un aspecto clave en la gestión de la salud y el bienestar, ya que permite identificar y abordar los posibles problemas antes de que se conviertan en crisis.

Finalmente, se realizan revisiones exhaustivas de todas las instalaciones para asegurar su correcto funcionamiento y evitar posibles incidencias. Al igual que con la salud humana, la detección temprana y el tratamiento de las posibles amenazas pueden prevenir problemas mayores y garantizar la seguridad y el bienestar de la población.

Este enfoque integral de la gestión forestal, la prevención de incendios y el mantenimiento de la red eléctrica refleja el compromiso de Endesa con la salud del planeta y el bienestar de las comunidades que sirve. Es un ejemplo de cómo las empresas pueden integrar la sostenibilidad y la seguridad en sus operaciones diarias, beneficiando tanto a la sociedad como a su propia infraestructura.

Las recientes informaciones sobre las denuncias de corrupción privada y tráfico de influencias que involucran al entorno de la mujer del presidente fueron calificadas por el PP como «muy preocupantes». Muñoz, en su intervención en el Congreso, destacó que para el partido encabezado por Alberto Núñez Feijóo, el problema no es Gómez, sino Sánchez. Por ello, insistió en que es el presidente quien debe ofrecer las explicaciones pertinentes sobre estos hechos, así como sobre otros asuntos como el escándalo de corrupción en la compra de mascarillas, también conocido como caso Koldo, que «anida» en los ministerios.

En varias ocasiones, el presidente del PP ha dejado claro que su política no se basa en atacar a la esposa del presidente ni en citarla para que comparezca ante una comisión de investigación. En esta línea, Muñoz ha reiterado que la responsabilidad política recae en Pedro Sánchez. A su juicio, el presidente debe explicar por qué su Gobierno ha financiado empresas que han sido recomendadas por su mujer. Sin embargo, según Muñoz, el presidente sigue manteniendo un silencio preocupante en medio de numerosos escándalos que parecen prosperar solo en su entorno.

Ante la ausencia de explicaciones por parte del presidente, en el PP consideran urgente que el líder del Ejecutivo dé una rueda de prensa en la que se le pueda preguntar directamente y no a través de fuentes del Gobierno. El PP espera que Sánchez salga a dar la cara y explicaciones. Muñoz, al ser consultada sobre si citarán al socialista en la comisión de investigación que está en marcha en el Senado para investigar las adjudicaciones de contratos durante la pandemia, explicó que «no descartan llamar a nadie», pero que lo que piden hoy es una rueda de prensa.

Los llamamientos del PP a Sánchez para que dé explicaciones y asuma la responsabilidad política por los escándalos que rodean a su Gobierno han sido una constante en los últimos tiempos. A pesar de las insistencias del partido de la oposición, Pedro Sánchez continúa manteniendo un silencio que, según el PP, solo alimenta las sospechas de corrupción y tráfico de influencias en su entorno. Este último escándalo, que involucra a su esposa, Begoña Gómez, solo ha aumentado la urgencia de estas demandas.

En este contexto, la insistencia del PP en que Sánchez convoque una rueda de prensa inmediata para responder a las acusaciones y aclarar los hechos refleja la creciente presión política y pública sobre el presidente. A medida que los escándalos se siguen acumulando, la demanda de transparencia y responsabilidad por parte del Gobierno se hace cada vez más fuerte y urgente.

El caso Koldo, en particular, ha generado una gran controversia y ha arrojado una sombra sobre la gestión del Gobierno durante la pandemia. Las acusaciones de corrupción en la compra de mascarillas han generado indignación y han llevado a muchos a cuestionar la integridad y la eficacia del Gobierno.

La insistencia del PP en que Sánchez asuma la responsabilidad política por estos escándalos refleja la creciente tensión política en España. En este contexto, la demanda de una rueda de prensa inmediata y la posibilidad de que Sánchez sea citado en la comisión de investigación del Senado subrayan la gravedad de la situación y la necesidad de respuestas claras y transparencia por parte del Gobierno.