«Es pertinente plantear un incremento del límite de inversión siempre que eso permita más volumen de inversión, y no que se destine a alimentar más rentabilidad», señalan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por la vicepresidenta Teresa Ribera. Las redes de transporte y distribución eléctricas operan como un negocio regulado. Las compañías realizan inversiones en sus infraestructuras hasta un límite establecido por la ley, y por estas inversiones se les recompensa a través de los peajes de acceso que se cargan en la factura eléctrica.

En la actualidad, a Red Eléctrica se le aplica un límite máximo de inversión del 0,065% del PIB (sin considerar el costo de las interconexiones internacionales) y el límite para las distribuidoras es del 0,13% del PIB. En total, esto representa un límite anual de unos 1.000 millones para las redes de transporte y unos 2.000 millones para las de distribución. Las grandes eléctricas, que controlan principalmente las redes de distribución, han estado solicitando elevar estos límites de inversión para acelerar la ampliación y modernización de sus redes, así como para aumentar la retribución que reciben.

«Este es un momento crítico, en el que se necesita acelerar las inversiones» en las redes eléctricas para poder conectar todas las nuevas fuentes de energía renovable y también todos los grandes proyectos industriales que consumen luz, señalan desde el Ministerio. Sin embargo, el Gobierno busca hacerlo de tal manera que el aumento de inversiones en redes retribuidas en la factura no suponga un encarecimiento excesivo de la luz para los clientes. «Desde la Secretaría de Estado de Energía se vienen trabajando en distintos escenarios para adoptar las medidas más adecuadas», indican las mismas fuentes.

En los últimos años, el Gobierno ha movilizado fondos europeos para financiar mejoras en las redes eléctricas sin que se contabilicen como parte de los límites legales de inversión y evitando que se trasladen al consumidor a través de la factura. El Ejecutivo ha reservado 931 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para pagar parte de las obras necesarias para una ampliación de las redes y una actualización de la planificación de las infraestructuras de alta tensión, y también ha destinado 525 millones a financiar la digitalización de las redes.

Las grandes eléctricas han estado pidiendo al Gobierno cambios legales durante años para hacer posibles las inversiones multimillonarias necesarias en las redes eléctricas. La modernización y expansión de estas redes son esenciales para integrar el auge de las nuevas energías renovables. El Gobierno ha resistido elevar la retribución que las compañías reciben por estas inversiones, que se cobran en la factura de la luz para evitar nuevos aumentos. Pero ahora, está abierto a revisar esos límites siempre que sirva para acelerar la ampliación y mejora de las redes y limitar su impacto en los clientes a través del recibo de la luz.

El Gobierno ahora está considerando elevar ese límite de las inversiones en redes de transporte (que administra Red Eléctrica) y las de distribución (principalmente en manos de grandes grupos como Iberdrola, Endesa o Naturgy) como una forma de impulsar su despliegue y digitalización en medio de una avalancha de nuevas plantas de energía renovable.

Desde la Transición Ecológica, se expresa sorpresa por la «interpretación» que las grandes eléctricas han dado a unas declaraciones de la secretaria de Estado, Sara Aagesen, que ha provocado críticas de las compañías por temor a que se cerrara la posibilidad de elevar los límites vinculados al PIB de las inversiones en redes.

«Las inversiones en redes para incrementar la demanda no encarecen los peajes de la red eléctrica, sino al contrario. Es como las autopistas, cuantos más coches circulen, menores tendrán que ser los peajes», manifestó esta semana Marina Serrano, presidenta de la patronal Aelec (que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP). «La falta de desarrollo de las redes de distribución eléctrica en España impide que el consumidor industrial pueda beneficiarse de la reducción de los precios de la electricidad. (…) De no impulsar el desarrollo de la red, corremos el riesgo de que toda esta demanda se marche a otros países europeos atraídos por sus fuertes planes de inversión en redes».