El miembro de Òmnium, Oleguer Serra, quien está siendo investigado por terrorismo en el caso conocido como Tsunami, ha decidido tomar una acción legal para proteger su derecho fundamental de reunión y de desobediencia pacífica. Según un documento remitido a la Audiencia Nacional y que ha sido consultado por ABC, Serra ha solicitado el sobreseimiento libre del procedimiento, que actualmente se encuentra en fase de instrucción. Esta acción se produce después de la entrada en vigor de la ley del olvido penal, que fue publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La defensa de Serra, encabezada por el abogado Benet Salellas, argumenta que la causa en cuestión investiga la actividad llevada a cabo por la iniciativa de movilización ciudadana conocida como Tsunami Democràtic. Esta iniciativa surgió en el otoño de 2019 como respuesta a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra los organizadores del referéndum del 1 de octubre, comúnmente conocido como 1-O.

Derecho fundamental a la reunión pacífica

Salellas sostiene que los actos atribuidos a Serra están enmarcados en el derecho fundamental a reunión pacífica y, por consiguiente, no tienen ninguna naturaleza penal. Este argumento ya fue presentado en escritos anteriores. Según el abogado, las protestas fueron consideradas de esta manera por los cuerpos policiales, quienes no redactaron ni un solo atestado en relación con determinados hechos.

La defensa de Serra también recuerda cómo se desestimaron otras acciones similares, como los cortes de la AP-7, por parte de los Juzgados de Instrucción 3 de Gerona y 4 de Figueres. Ambos casos fueron confirmados por la Audiencia Provincial de Gerona.

La defensa argumenta que Tsunami fue una iniciativa ciudadana construida desde la lógica de la desobediencia civil no violenta. Según ellos, todos los actos convocados y organizados por esta plataforma movilizadora siempre tuvieron la intención de desarrollar actos de protesta de forma pacífica.

Serra y su defensa invocan algunas ideas establecidas por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), entre las cuales se incluye que, cuando se alegan intenciones violentas en los organizadores de una protesta, la carga de la prueba corresponde a las autoridades. También citan que el derecho a la reunión pacífica incluye acciones como obstaculizar y cortar el tráfico, incluso en el acceso a un aeropuerto.

Este caso continúa en desarrollo y está generando un gran interés tanto en los medios como en la opinión pública. La defensa de Serra espera que su argumento sobre la naturaleza pacífica de las protestas y la desobediencia civil sea tomado en cuenta por la Audiencia Nacional.

En un hito político catalán reciente, los dos diputados fugitivos, Carles Puigdemont y Lluís Puig, ejercieron su derecho al voto a través de un delegado durante el pleno de constitución del Parlament. Esta noticia es relevante, ya que los votos de los diputados fueron contabilizados en última instancia tras una decisión tomada por la Mesa de Edad para continuar con el proceso.

Agustí Colomines, presidente de la Mesa de Edad, respaldó la estrategia, que se esperaba después de que los dos partidos independentistas anunciaran que permitirían el voto delegado de los fugitivos. La decisión de la Mesa de Edad fue avalada tanto por Colomines (Junts) como por Mar Besses (ERC), aunque Júia Calvet (Vox) votó en contra.

La sentencia del Tribunal Constitucional y su impacto en el voto delegado

La decisión de permitir el voto delegado llega tras la sentencia del Tribunal Constitucional que se dio a conocer la semana pasada. Esta sentencia declaraba nulo el fallo de la Mesa en la legislatura anterior que permitía a Lluís Puig, diputado residente en Bruselas, ejercer el voto delegado. Sin embargo, por razones de seguridad jurídica, la sentencia no anuló los efectos de las votaciones en las que Puig había participado.

El anuncio del voto delegado de Puigdemont y Lluís Puig ha provocado una reacción inmediata, en particular de Alejandro Fernández, líder del PP catalán. Fernández ha advertido que presentará un recurso de amparo al Tribunal Constitucional.

Fernández expresó su preocupación por la situación, declarando que «la justicia ha dejado muy claro que [Puigdemont y Lluís Puig] no pueden participar en la votación hoy», en referencia a la anulación por parte del Tribunal Constitucional del voto telemático de Lluís Puig.

Además, el líder del PP catalán lamentó la falta de imparcialidad en el debate en la Cámara y la utilización de los discursos institucionales para realizar «auténticas chanzas políticas».

Joan Garriga, diputado de Vox, también ha anunciado que recurrirá la decisión y presentará una querella por prevaricación contra los miembros de la Mesa. Garriga solicitó, sin éxito, que se convocara una Junta de Portavoces para reconsiderar la decisión de la Mesa de Edad.

Se trata de un acontecimiento político significativo en Cataluña, que se ha producido a pesar de la controversia y la oposición de algunos partidos. La decisión de permitir el voto delegado de Puigdemont y Lluís Puig es un hito histórico que es probable que tenga una serie de implicaciones políticas y legales en el futuro.

El Parlament y la Mesa de Edad han tomado una decisión que ha sido respaldada por algunos y criticada por otros, y que indudablemente seguirá siendo objeto de debate y discusión en los próximos días y semanas. A medida que se desarrollan los acontecimientos, es probable que veamos más reacciones y posibles acciones legales en respuesta a la decisión.

La acción de permitir el voto delegado de los dos diputados fugitivos ha desafiado las normas establecidas y ha generado una serie de cuestiones legales y éticas que aún están por resolverse. La decisión de permitir el voto delegado para Puigdemont y Lluís Puig es un reflejo de la dinámica política en constante cambio en Cataluña y ofrece un ejemplo de cómo los partidos políticos y las instituciones están lidiando con los desafíos que presenta el panorama político catalán actual.