Ya padecía heridas profundas, pero el grupo municipal del PSOE en Compostela ha terminado de romperse. Este viernes, la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) socialista ha acordado la expulsión de las concejalas Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez, después de que las tres se negasen a apoyar el nombramiento del portavoz municipal que había aprobado la dirección local del partido, Sindo Guinarte. El suyo se suma al cese forzado del edil Gonzalo Muíños, que actualmente permanece en su cargo de portavoz –en contra del criterio del partido–, amparándose en los diez días hábiles que se prevén para la presentación de alegaciones. Y, también desde el viernes, en un informe de la Secretaría Municipal de la capital gallega que certifica que todavía ejerce su cargo y que el nombramiento de un nuevo portavoz por parte de la directiva local sería de nulo derecho.

La decisión, alega Ferraz en un comunicado remitido a los medios, se enmarca en una norma estatuaria del PSOE que habilita «la expulsión provisional del partido acordada por la CEF» ante dos supuestos: la «actuación en contra de acuerdos expresamente adoptados por los órganos de dirección» y la comisión de «actuaciones gravemente irregulares que a juicio de la CEF merezcan tal medida». Y tanto el rechazo de las ediles a reconocer a Guinarte como portavoz, en un caso, como el de Muíños a colgar su acta de inmediato para que lo sustituyan en su cargo, en el otro, son, a ojos de la ejecutiva, «faltas graves y muy graves de la normativa socialista». En el caso de Muíños, por «desempeñar cargos públicos o asimilados –es decir, seguir ejerciendo su rol de portavoz– sin la autorización expresa de los órganos competentes del partido».

Por su parte, las tres ediles expedientadas ahora, indica Ferraz, dispondrán de «un plazo de tres días para poder hacer llegar al instructor designado por la propia ejecutiva federal los alegatos y pruebas de descargo que estimen oportunas». De no reconducirse el proceso pasado ese plazo, hará efectiva la expulsión y los concejales socialistas de Santiago bajarán de seis a dos, aun dañando de gravedad la representación de la que gozan en la Corporación.

Conflicto de gestación lenta

Podría parecer que el conflicto entre el grupo municipal compostelano y la directiva local, presidida por Aitor Bouza, arrecia desde junio, cuando el voto a favor de los seis ediles permitió dar luz verde a la regularización de las viviendas de uso turístico en la capital gallega. El movimiento era contrario a lo que quería el órgano de Bouza, pero los concejales lo consideraron coherente para con su labor política, pues la moción –del BNG– imitaba una propuesta que ya habían presentado con el anterior alcalde, el socialista Sánchez Bugallo, y no había salido adelante.

Ese fue el detonante que precedió la apertura del expediente de expulsión a Muíños y la primera muestra clara de que existían fricciones internas, pero el partido calificó su falta de disciplina como un simple «apercibimiento». Porque los motivos de peso tras sus expulsiones son los ya referidos: la negativa a dejar el acta –para Muíños– y a reconocer a Guinarte como nuevo portavoz –para Rosón, Castro y Álvarez–, pese a la insistencia de su directiva, toda vez que entienden que la potestad para designarlo recae solamente en el grupo municipal, que sigue apoyando a Muíños.

Ruptura del grupo local

Aunque ese apoyo se limita a los cuatro concejales expedientados. Tanto Guinarte como la sexta edila socialista, Marta Abal, se posicionan a favor de la directiva municipal en un intento por «retomar las relaciones» entre la agrupación y el partido, como había dicho en público Guinarte. Pero la misión se dibuja imposible por dos motivos. Primero porque, por lo que han anunciado hasta ahora, sus compañeros –con los que desde entonces no ha vuelto a aparecer públicamente– no cederán sus actas de forma voluntaria y echarán mano de todos los mecanismos a su alcance. Y segundo porque, como quedó patente en la rueda de prensa de este lunes, las tensiones con la directiva vienen de atrás y presentan difícil solución.

Según declararon públicamente los cuatro, la apertura del expediente de Muíños supone el culmen de una andanada de «presiones» internas con el objetivo, denuncian, de convencerlo de apartarse de la política local para permitir a su directiva «suplantar» su acta en el Concello, pudiendo así entrar Bouza en la corporación. El propio Muíños reveló que desde la directiva se le ofreció continuidad durante este mandato e integración en la próxima candidatura «a cambio de una o dos renuncias» de compañeras; algo a lo que, dijo, se negó en rotundo por contradecir sus «principios». Sus tres compañeras, que lo acompañaban, fueron menos específicas pero sí revelaron que se les llegó a «señalar la puerta» para que la tomaran si no cumplían las instrucciones.

El grupo socialista y el Concello defienden que Muíños aún ejerce

A las pocas horas de trascender la noticia de su expulsión, el grupo de Rosón, Castro y Álvarez –y de Muíños– anunciaba que la Secretaría Municipal del Concello compostelano ratifica en un informe que Gonzalo Muíños «no perdió su condición de concejal» del grupo municipal socialista. Porque su expulsión, conforme indica Ferraz en sus comunicados, es «provisional» y, mientras no sea firme, no puede hacerse efectivo su paso al grupo de no adscritos. Por su parte, los expedientados defienden que su directiva no tiene autoridad para nombrar portavoz a Guinarte y que, por tanto, la reunión convocada el lunes –y a la que no asistieron–, en la que el partido esperaba que ofreciesen su apoyo para hacer efectivo el reemplazo, era improcedente por naturaleza.

En su lugar, sostienen que a Muíños le corresponde seguir desempeñando su cargo, toda vez que la resolución para expulsarlo no es firme y conserva el apoyo mayoritario de su grupo, y ahora el Concello los ampara con un informe que les da la razón en que todavía ejerce. En un comunicado, los concejales compostelanos consideran «absolutamente reveladores» los plazos con los que se ejecutan los últimos movimientos de la directiva, que, insisten, persiguen «el objetivo último de laminar al grupo municipal socialista» y de «forzar dimisiones para conseguir que el secretario local –Aitor Bouza– pueda acceder a la Corporación Municipal».

Denuncian también que se esté empleando con ellos «una vía expeditiva disciplinaria contemplada para casos extraordinarios de extrema gravedad», citando escenarios de «presunta corrupción, agresión o flagrante delito», para fundamentar una expulsión «que ya se procuró forzar por otros medios».

«Lamentamos profundamente el daño a la imagen reputacional del Partido Socialista en el Concello de Santiago que estas acciones están ocasionando. Un PSOE que gobernó esta ciudad durante tres décadas en las que diseñamos, planificamos y cuidamos de nuestra ciudad. También nosotros, como parte del equipo de esos gobiernos que trabajaron por Compostela con vocación de servicio público y amor por nuestro municipio», culminan su mensaje.

Precisamente, se pronunció al respecto a través de la red social X el exalcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, con quien compartieron equipo de gobierno: «Tremendo lo que se está viviendo en el PSOE en Compostela. Tremenda la frustración de miles de votantes socialistas. Siempre creí, y sigo creyendo, que es leninista y no socialista otorgar el poder al aparato partidista por arriba de la representación elegida por los ciudadano». El antiguo regidor vincula el escenario actual a la ejecución de «un modelo partidista que siente y actúa en función de sus propios intereses». «De resolverse este conflicto al más alto nivel, se transmitirá un mensaje infinitamente más claro y poderosa que cualquier declaración política», apuntaló su mensaje.

Fuente de la información: ABC