Las personas que ya han sido exoneradas por el TC, como la ex ministra Magdalena Álvarez y la subalterna de Griñán, Carmen Martínez Aguayo, podrán volver a afiliarse al PSOE si lo desean, según indican fuentes de la cúpula del partido en Andalucía. Esta semana fue liberado el primer condenado del caso ERE, Miguel Ángel Serrano Aguilar, anterior director de Idea, la agencia encargada de los pagos de los ERE.

Defensa del honor del PSOE

Juan Espadas, líder de los socialistas andaluces y portavoz del PSOE en el Senado, expresó su indignación este miércoles en una convocatoria a los medios en Madrid. Espadas negó que se pueda hablar de un fraude de 680 millones de euros en relación con las ayudas irregulares, refiriéndose a esta acusación como un «montaje» completamente falso. Según sus palabras, el Gobierno de Moreno Bonilla continúa pagando estas ayudas, por lo que no se puede hablar de prevaricación a sabiendas.

El PSOE también planea una ofensiva judicial contra los líderes del Partido Popular (PP) y Vox, alegando que están lanzando ataques injustos contra su partido. Creyendo que podrían actuar por violación de honor e incluso «delitos de odio», el PSOE andaluz está recopilando información para presentar a los tribunales. Consideran que no todas las declaraciones de los miembros de estos partidos están protegidas por la inmunidad parlamentaria, ya que también se hacen en las redes sociales.

Espadas demostró su indignación al afirmar que el Partido Popular no puede continuar llamando ladrones y golfos a los socialistas en general. Enfatizó que era necesario «poner pie en pared». De manera similar, Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, expresó su indignación por las palabras de Alberto Núñez Feijóo en Onda Cero, donde admitió tener dudas sobre el TC. Espadas concluyó que deslegitimar a los magistrados porque no les dan la razón es un comportamiento inaceptable.

El caso ERE ha sido uno de los escándalos de corrupción más notorios en la historia reciente de España. El proceso de rehabilitación que el PSOE está llevando a cabo es un intento de restaurar la reputación del partido y de sus dirigentes. Esta situación también refleja la tensión y el conflicto entre los distintos partidos políticos en el país, lo cual es un tema que probablemente continuará en el futuro.

El Tribunal Constitucional (TC) se prepara para revisar los recursos presentados por cinco exfuncionarios de la Junta de Andalucía, condenados en el caso de los ERE. Esta revisión, que comenzará este martes, implicará el análisis de las sentencias de condena por malversación de caudales públicos, una práctica que implica el desvío de fondos estatales.

Por un total de 680 millones de euros, los exfuncionarios en cuestión fueron castigados con penas de cárcel por su participación en el escándalo. En este caso, los fondos desviados se destinaron a expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, una práctica que ha provocado gran indignación en la comunidad andaluza y ha desencadenado una serie de investigaciones y juicios.

El Escándalo de los ERE en Andalucía

El caso de los ERE en Andalucía es uno de los escándalos de corrupción más notorios de España en las últimas décadas. En este caso, los exfuncionarios de la Junta de Andalucía, incluyendo el exconsejero de Economía y Hacienda, Martínez Aguayo, fueron condenados por malversación de caudales públicos. Este delito implica la apropiación indebida de fondos del estado, un acto que está considerado como una grave ofensa en el código penal español.

En particular, los exfuncionarios fueron acusados de desviar un total de 680 millones de euros de los fondos del estado para financiar ERE fraudulentos. Estos ERE, o expedientes de regulación de empleo, son procesos legales que permiten a las empresas despedir a los empleados por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Sin embargo, en este caso, los ERE fueron utilizados como una forma de desviar fondos del estado para beneficio personal.

Las sentencias de condena fueron confirmadas por el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial en España. Sin embargo, los condenados presentaron recursos ante el Tribunal Constitucional, argumentando que sus derechos constitucionales habían sido violados durante el proceso de juicio. Es esta serie de recursos los que el TC comenzará a estudiar este martes.

El Proceso de Revisión del Tribunal Constitucional

La labor del Tribunal Constitucional en este caso será revisar las sentencias de condena para determinar si se han violado los derechos constitucionales de los condenados. Este proceso puede implicar el análisis de las pruebas presentadas durante el juicio, la revisión de las decisiones judiciales y la evaluación de los argumentos presentados por los condenados y sus abogados.

Si el TC determina que se han violado los derechos constitucionales de los condenados, puede optar por anular las sentencias de condena o reducir las penas impuestas. Sin embargo, si el TC concluye que los derechos constitucionales de los condenados no han sido violados, las sentencias de condena se mantendrán.

En última instancia, la decisión del Tribunal Constitucional en este caso podría tener repercusiones significativas para los condenados, para el sistema judicial español y para la percepción pública de la corrupción en Andalucía y en España en general. Con el inicio de la revisión este martes, los ojos de la nación estarán puestos en el TC y su manejo del caso de los ERE en Andalucía.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido un veredicto de olvido penal no solo para Miquel Buch, sino también para otros 16 manifestantes que fueron condenados por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad durante diversas protestas independentistas.

Este martes, la Sala Civil y Penal ha exonerado a tres personas que habían sido condenadas a tres años de prisión por atentado contra la autoridad con objeto peligroso. Amadeu B., Marc R. y Marc V. son ahora beneficiarios de este olvido penal, que está contemplado en la norma para «actos de desobediencia, desordenes públicos, atentado contra la autoridad, resistencia y otros actos ejecutados con el propósito de permitir la celebración de consultas populares» en el marco del ‘procés’.

Estas tres personas fueron condenadas por sus acciones durante el tercer aniversario del 1-O, cuando asistieron a una manifestación convocada por Òmnium y la ANC en Barcelona. Durante la protesta, las tres personas, actuando de manera conjunta, lanzaron piedras contra una furgoneta de los Mossos d’Esquadra. Cuando los agentes intentaron detenerlos, Marc R. trató de escapar y empujó a un policía, que cayó al suelo y se golpeó la cabeza. La sentencia que los condenó recoge que los tres atacaron el vehículo policial.

El veredicto del TSJC declara ahora la extinción de la responsabilidad penal de los tres condenados, así como de la civil, y anula las medidas cautelares personales y patrimoniales. También se cancelarán todos los registros, anotaciones y antecedentes, incluidos los policiales, que se hayan realizado exclusivamente en virtud de los actos que han sido amnistiados.

Francisco G.: amnistiado por atentar contra un helicóptero de la policía catalana

La Sala Civil y Penal también ha amnistiado a Francisco G., quien fue condenado por lanzar un cohete contra el helicóptero de la Policía catalana durante los disturbios postsentencia. A pesar de que solo fue condenado a un año de prisión por resistirse a su detención el 16 de octubre de 2019, el fallo sostiene que los delitos por los que fue condenado están amparados por la Ley 1/2024, por lo que su responsabilidad penal se considera extinguida.

En otra sentencia emitida este martes, el TSJC ha aplicado el olvido penal a dos manifestantes que participaron en el asedio a Vía Layetana, sede de la Jefatura de la Policía Nacional en Barcelona, el 18 de octubre de 2019, en el marco de las protestas de Tsunami contra la condena del Supremo a los líderes del 1-O. Francesc C. y Oleksandr S. fueron condenados por atentado y un delito leve de lesiones. Ahora, ambos quedan amparados por el olvido penal.

El TSJC también ha amnistiado a Mario G., condenado por la Audiencia de Barcelona por lanzar hasta 20 piedras contra la línea policial que custodiaba el propio tribunal el 16 de octubre de 2019. Además, Mario G. quemó un contenedor, realizó barricadas con vallas de obra y vandalizó un cajero. Por todo ello, fue sentenciado a una pena de tres años.

Otro manifestante que se beneficia del olvido penal es Víctor Manuel V., quien fue condenado a tres años de prisión y una multa de casi 1.000 euros por atentar contra agentes de la autoridad al haberles lanzado una botella y una piedra. Esta actuación tuvo lugar durante las protestas de Tsunami.

La amnistía también se ha aplicado a Ignacio M. y Albert S., condenados a un año de prisión por atentado y un delito leve de lesiones. En su caso, los magistrados han declarado extinguida su responsabilidad penal, aunque no la civil, por las lesiones a un mosso, que el perjudicado podrá reclamar por dicha vía. Según la sentencia, ambos se abalanzaron sobre el policía cuando trataba de identificar a una tercera persona, le propinaron puñetazos y le hicieron caer al suelo.

Finalmente, este martes, la Sala Civil y Penal ha emitido una octava resolución en la que declara extinguida la responsabilidad para otros seis manifestantes: Abel A., Arnau M., Cristian L., Daniel O., Guillem G. y Sergi V. Estos manifestantes fueron condenados, algunos por desórdenes y otros por atentado, por la protesta en las inmediaciones del Parlament el 30 de enero de 2018, durante la investidura fallida de Carles Puigdemont.

Bendodo expresó estas duras críticas durante una rueda de prensa en Manilva (Málaga), en la que estuvo acompañado por el secretario general del partido en la provincia, José Ramón Carmona, y el alcalde de la localidad, José Manuel Fernández.

El vicesecretario del PP rememoró el tramo final de la campaña de las elecciones europeas, cuando Sánchez visitó Benalmádena (Málaga). Allí, según Bendodo, ofreció unas «palabras inquietantes» para ensalzar a la exministra Magdalena Álvarez. Para el líder popular, estas palabras causaron sorpresa y poco después, el Tribunal Constitucional redujo la condena de la exministra Álvarez.

¿Intento de influencia en el Tribunal Constitucional?

Bendodo cuestionó si Sánchez o Álvarez conocían de antemano esta decisión del TC o si, por el contrario, las alabanzas del presidente del Gobierno a la exministra buscaban influir en la decisión del tribunal.

El vicesecretario del PP criticó la gestión de Sánchez, afirmando que «nos hemos instalado en el escándalo permanente. No hay día sin escándalo», y apuntó que, debido a las investigaciones judiciales en curso, lo normal sería que el presidente del Gobierno hubiera convocado elecciones y hubiera dimitido. Además, ha hecho extensiva esta situación a presidenta del Congreso y al fiscal del Estado, criticando que Sánchez coloque a delegados de su gobierno en instituciones que deberían ser independientes.

En referencia a José Félix Tezanos, al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Bendodo lo calificó como «delegado del Gobierno» y criticó que solo parece ofrecer pronósticos electorales favorables a Sánchez. Bendodo anunció que su partido creará una Comisión de Investigación en el Senado «para que este señor Tezanos diga alto y claro por qué miente tanto».

«Sin duda estamos ante la mayor crisis de las instituciones públicas, del estado de nuestra democracia, ante la mayor crisis institucional que hayamos vivido nunca. Y lo peor es que Sánchez lo hace con recochineo, con descaro y riéndose de la gente«, sentenció Bendodo.

Bendodo también criticó que Sánchez no oculte su relación con el fiscal general del Estado y mostró una imagen de Sánchez junto a su esposa y a la presidenta del Congreso saludando a García Ortiz durante los actos del X aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey.

Según Bendodo, Sánchez está utilizando «otra vía más» en referencia al Tribunal Constitucional, donde recordó que está Conde Pumpido. «Sánchez está intentando utilizar la vía del Constitucional como puerta trasera para sacar adelante los indultos a los condenados por los ERE de Andalucía que no se atrevió a aprobar en Consejo de Ministros», expresó.

Se refirió a los ERE como «el mayor caso de corrupción de la historia de España, 700 millones de euros defraudados de los parados andaluces se los llevaban los socialistas calentitos. Se gastaban 20.000 euros al mes en cocaína con el dinero de los parados. Eso es el socialismo en nuestro país y en Andalucía«.

Bendodo destacó que en el caso de los ERE existe prevaricación y malversación. «Esto no lo digo yo. Lo han dicho más de 20 jueces. Lo ha dicho la Audiencia Provincial de Sevilla, lo ha dicho el Tribunal Supremo y ahora viene el Tribunal Constitucional a decir lo contrario. ¿Para qué? Para salvar a unos cuantos socialistas condenados», criticó.

Finalmente, Bendodo señaló su preocupación por lo que considera «una deriva con tics autoritarios de un gobierno radical», en el que el presidente «pone a su servicio las instituciones del Estado y en el que, evidentemente, la supervivencia del presidente solo depende del pago a los que quieren romper España».

La posición de Montero se hizo pública tras su visita al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Durante la visita, se le preguntó sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, que estimó el recurso de amparo presentado por la ex consejera y ex ministra Magdalena Álvarez. Montero declaró: «Desde el respeto a la Justicia, toca en este momento político que el PP en Andalucía pida perdón a aquellas personas que injustamente tuvieron durante mucho tiempo una condena por los llamados ERE».

El PP sabía la verdad detrás del caso ERE, afirma Montero

«El Partido Popular sabía perfectamente cuál era la verdad que se escondía detrás de este tema, y se ha provocado un daño irreparable a cada una de esas personas, a sus familiares y al propio Partido Socialista en Andalucía», ha manifestado la vicepresidenta primera del Gobierno. Según Montero, el PP «hinchó el tema de los ERE a sabiendas de que este tema era falso, de que había muchas cuestiones que no tenían ninguna razón de ser, simple y llanamente por desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía».

Además, Montero ha pedido que el «Partido Popular deje de hablar, como está hablando en estos días en esos términos de un caso que se está demostrando que gran parte de él había sido alimentado por un Partido Popular que quiso sacar rentabilidad política».

María Jesús Montero, la ‘número dos’ del Gobierno y del PSOE de Pedro Sánchez, se ha preguntado «quién le repone a estas personas y al PSOE los años de sufrimiento en los que hemos tenido que escuchar de todo, absolutamente injusto, sobre nuestros compañeros». Tras «lamentar profundamente que estas cosas ocurran», desear que «sirvan de enseñanza» y trasladar su «solidaridad con todos los que han sufrido tanto por esta cuestión».

La sentencia del Tribunal Constitucional ha generado una serie de reacciones en el ámbito político español. El caso de los ERE, que ha tenido un gran impacto en la política andaluza y a nivel nacional, ha hecho que se cuestione la actuación de la Justicia y la veracidad de las acusaciones realizadas por el PP. La solicitud de Montero para que el PP pida perdón a las personas condenadas erróneamente y al PSOE, muestra su visión de que la Justicia debe ser justa y equitativa. Esta sentencia y las reacciones a la misma son un recordatorio de la importancia de la transparencia, la integridad y la responsabilidad en la política.

Aún es incierto cuál será el impacto a largo plazo de esta sentencia en el panorama político español. Sin embargo, lo que sí es seguro es que ha puesto en evidencia la necesidad de un mayor escrutinio y responsabilidad en la manera en que se manejan y se juzgan los casos de corrupción política.

La Audiencia de Málaga ha emitido una sentencia condenatoria contra el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, así como varios exconcejales y un promotor, quienes habían llegado a un acuerdo de conformidad con el fiscal. Esta decisión se dio en el marco de una causa que también involucra al exasesor de Urbanismo del Consistorio Marbellí, Juan Antonio Roca, y a otro empresario. Sin embargo, estos últimos fueron absueltos debido a que los delitos que se les imputaban ya habían sido juzgados o habían prescrito.

La sentencia y el auto, obtenidos por Europa Press, fueron dictados por la Sección Primera de Málaga. La causa investigó varios delitos relacionados con los convenios firmados desde 1995 por el Ayuntamiento. Estos convenios implicaban la cesión de parcelas y aprovechamientos a empresas vinculadas a dos empresarios, uno de ellos Tomás O., quien fue absuelto.

Muñoz fue condenado, de acuerdo con el acuerdo, por delitos de prevaricación administrativa, fraude y prevaricación urbanística. Se le impuso una pena de 18 meses de prisión y 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La sentencia considera que existen circunstancias que atenúan la pena, incluyendo las dilaciones indebidas. El resto de las condenas oscilan entre los nueve años de cárcel y el pago de multas.

Acuerdos de Conformidad y Alegaciones de Prescripción

En diciembre de 2021, se celebró una primera comparecencia en la que el fiscal, única parte acusadora tras la retirada de las particulares como el Ayuntamiento, y las defensas hablaron de una posible conformidad. En noviembre de 2022, se celebró otra vista en la que se presentó un nuevo escrito de acusación. Nueve acusados, la mayoría exediles y el empresario José María E.G., estuvieron de acuerdo con este escrito.

Por otro lado, Roca, el empresario Tomás O. y Muñoz no mostraron su conformidad. Para estos tres, se fijó el inicio del juicio en octubre de 2023. Entonces, el exalcalde sí se mostró de acuerdo con el escrito de acusación modificado y reconoció los delitos de prevaricación y fraude.

Las defensas de Roca y Tomás O. presentaron cuestiones previas, argumentando que algunos hechos eran cosa juzgada, ya que habían sido tratados en el caso ‘Malaya‘ o en otros procedimientos, o que estaban prescritos. El auto de diciembre de 2023 estimó estas cuestiones previas, dando la razón a las defensas.

En el caso del empresario Tomás O., se consideraron prescritos los delitos de fraude, cohecho y malversación, en base a que los convenios que los involucraban fueron firmados en 1994. Algunos hechos fueron considerados ya investigados en otros procedimientos, por lo que se decidió el sobreseimiento de la causa.

En el caso de Roca, fue absuelto por los mismos motivos. La Sala estimó que se le aplicaban las prescripciones ya determinadas para el empresario Tomás O. No se admitió recurso contra esta resolución.

Después del archivo de la causa para Roca y el empresario, las defensas de la mayoría de los acusados ratificaron su conformidad. Sin embargo, los abogados de Julián Muñoz y el otro promotor pidieron acogerse a la prescripción o cosa juzgada declarada para los anteriores y, por tanto, solicitaron el sobreseimiento de la causa para sus clientes.

La Sala dictó una sentencia en la que señaló que la pretensión de estos acusados de desdecirse de su conformidad anterior no puede prosperar. Según la sentencia, los acusados no pueden pretender que se les aplique de forma automática los pronunciamientos contenidos en el auto sin explicar los motivos en los que se basan para ello, ya que su intervención en los hechos no fue la misma y la prescripción no opera de la misma manera para todos.

El fiscal de Málaga ha anunciado un recurso de casación contra el sobreseimiento de la causa respecto a Roca y el empresario, según informaron fuentes fiscales a Europa Press.