cese – Oropres – Prensa y Noticias

Telefónica cesa a Álvarez-Pallete y nombra a Marc Murtra nuevo presidente ejecutivo

Manuel Hermoso — Sun, 19 Jan 2025 00:01:40 +0000

La operadora ha explicado que el Consejo de Administración se ha reunido en el día de hoy para tomar una serie de acuerdos, con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, a la vista de la nueva estructura accionarial de Telefónica y de que algunos de sus accionistas relevantes han expresado la conveniencia de emprender una nueva etapa en la Presidencia ejecutiva.

En primer lugar, la compañía ha acordado la «renovación ordenada» de la Presidencia para adecuarla a la nueva estructura accionarial.

Asimismo, el máximo órgano ejecutivo de Telefónica ha aprobado la resolución del contrato de Álvarez-Pallete como presidente ejecutivo del Consejo de Administración, y le ha solicitado la dimisión de su cargo como consejero.

El Consejo de Administración de Telefónica ha solicitado a Álvarez-Pallete su dimisión

Álvarez-Pallete, atendiendo dicha solicitud, ha presentado su dimisión como consejero, que ha sido aceptada por el Consejo de Administración en ese mismo acto. El Consejo de Administración ha manifestado de forma unánime su máximo agradecimiento a José María Álvarez-Pallete por los años de trabajo y colaboración con el Grupo Telefónica y, en especial, por los muchos servicios prestados y por su extraordinario esfuerzo, dedicación y aportación durante su larga trayectoria profesional en el grupo, señala el comunicado.

En el mismo acto, el Consejo de Administración ha aprobado el nombramiento de Marc Murtra Millar como consejero ejecutivo de la sociedad, nombrándole igualmente presidente ejecutivo del Consejo de Administración y delegándole todas las facultades delegables de este, para su ejercicio con carácter solidario.

El hasta ahora presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Indra fue nombrado también para aquel cargo por el Gobierno en 2021 en sustitución de Fernando Abril-Martorell, en un movimiento que igualmente generó mucha controversia. El Ejecutivo, a través de la SEPI, posee un 28% de Indra.

UN RELEVO MARCADO POR LOS MOVIMIENTOS ACCIONARIALES

El relevo en la presidencia de Telefónica se enmarca en un contexto marcado por la incorporación de nuevos actores a su Consejo de Administración, como la operadora saudí STC. En septiembre de 2023, STC sorprendió al mercado al adquirir cerca del 10% de Telefónica en una operación valorada en 2.100 millones de euros, lo que desencadenó importantes movimientos en su estructura accionarial.

Murtra fue nombrado también por el Gobierno para sustituir a Abril-Martorell en 2021 al frente de Indra, en un movimiento que también generó mucha controversia

El Impacto de SEPI en Telefónica

En este contexto, a finales de mayo pasado, la SEPI alcanzó el 10% del capital social de Telefónica tras una inversión cercana a los 2.285 millones de euros. Este movimiento estuvo motivado por la operación de STC, que además podría solicitar un asiento en el Consejo de Administración de la operadora.

Conforme la SEPI avanzaba en la consolidación de su participación en Telefónica, el Consejo de Administración de la compañía decidió por unanimidad, el pasado 8 de mayo, aceptar la «renuncia voluntaria» de Carmen García de Andrés como consejera. En su lugar, y mediante el procedimiento de cooptación, se designó a Carlos Ocaña Orbis, quien ahora ocupa un puesto en el máximo órgano de decisión de Telefónica en representación de la SEPI.

En este sentido, desde el Gobierno no se ha descartado la posibilidad de que la SEPI eleve su participación en Telefónica para poder optar a un segundo consejero.

Para más información, visita el artículo completo en Bolsamania.

Es extremadamente descarado y muestra muy poco respeto por las instituciones.

Julia Vicente — Mon, 01 Jul 2024 13:08:46 +0000

Isabel Díaz Ayuso critica duramente a Pedro Sánchez por su postura respecto al Fiscal General del Estado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado fuertemente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su reciente afirmación en una entrevista en la Cadena SER, en la que declaró que no tiene intención de destituir al Fiscal General del Estado. Este último está actualmente bajo escrutinio debido a la filtración de datos personales de Alberto González Amador, pareja de la líder madrileña.

«Me parece que tiene la cara muy dura y muy poco respeto por las instituciones«, ha declarado Ayuso, en referencia a las palabras de Sánchez. La líder madrileña hizo estas contundentes declaraciones durante su participación en un evento popular sobre la EBAU única para España, celebrado este lunes en Salamanca.

Sánchez y la separación de poderes

Díaz Ayuso ha mostrado su descontento con la firme decisión del presidente de no destituir al Fiscal General del Estado, que está bajo su dependencia. «Esto demuestra cómo entiende Sánchez la separación de poderes y la institución de la justicia«, ha señalado la presidenta madrileña.

Para la líder de la Comunidad de Madrid, la actitud del presidente es un escándalo. «Desde luego que en cualquier país cuyo gobierno respeta la separación de poderes debería cesar a este señor inmediatamente…«, ha afirmado. La valoración de la presidenta sobre el Fiscal General es muy dura: «un hombre totalmente desprestigiado por la carrera judicial, y que estamos demostrando que está al servicio del Gobierno para Sánchez tener hoy, como hace con todo lo demás, ese minuto en una entrevista de esta mañana, que ha sido de vergüenza«.

Ayuso también ha denunciado que el presidente de España «ha utilizado a los medios de comunicación para echar gasolina, en lugar de dar explicaciones sobre todos los casos de corrupción, sobre todo lo que tiene, que lo tiene que explicar en algún momento».

El abogado general del Estado en el punto de mira

La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha dudado en criticar al abogado general del Estado. Ayuso se ha referido a la inspección que se sigue contra su pareja por presunto delito fiscal, y ha dicho: «y como se ha visto, se han ido mandando whatsapps, han estado utilizando todos los resortes del poder con el dinero público para ir contra este particular. No se ha visto un caso semejante, ni que una inspección fiscal haga algo como esto».

Según Ayuso, el siguiente paso de Pedro Sánchez, al que llama «montaña gigantesca de fango», será «señalar a los medios de comunicación, contra los que irá». Ha lanzado una advertencia: «A todos los medios de comunicación que no sean del gusto del gobierno, todos los medios de comunicación que él decida que expanden bulos, serán perseguidos y ahogados mientras la semana pasada conocimos la financiación y cómo él maneja el dinero público para comprar voluntades».

Feijóo pide a Sánchez que destituya al fiscal general, pero Sánchez responde invitándolo a más acuerdos después de finalizar el CGPJ.

Julia Vicente — Wed, 26 Jun 2024 08:38:58 +0000

En un intercambio de palabras que se describió como «descafeinado», el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, retó al presidente del gobierno durante una reciente sesión de control del Congreso. La pregunta que Núñez Feijóo planteó al presidente fue si se consideraba de «extrema derecha» por llegar a un acuerdo con el Partido Popular (PP). En respuesta, el jefe del Ejecutivo le dio la bienvenida a la Constitución.

El desafío de Núñez Feijóo se produjo en medio de un debate en el Congreso, donde los desacuerdos y los enfrentamientos verbales son habituales. Sin embargo, lo que distinguió a esta sesión fue la naturaleza de la pregunta del líder de la oposición. Al preguntar si el presidente se consideraba de «extrema derecha», Núñez Feijóo estaba no sólo cuestionando la ideología política del presidente, sino también sus alianzas y acuerdos políticos.

El presidente responde a la provocación

En lugar de evitar la pregunta, el presidente tomó la oportunidad para dar la bienvenida a Núñez Feijóo a la Constitución. Este gesto fue interpretado por muchos como una forma de enfatizar la importancia de la democracia y el respeto a la Constitución, independientemente de las diferencias políticas.

El acuerdo con el Partido Popular también fue un tema de debate. Núñez Feijóo sugirió que este acuerdo marcaba un cambio en la ideología del presidente, sugiriendo un giro hacia la «extrema derecha». Sin embargo, el presidente insistió en que el acuerdo era simplemente una parte del funcionamiento normal de la democracia.

El papel del Partido Popular en este debate también es digno de mención. Como el principal partido de la oposición en el Congreso, el PP tiene un papel importante en la formación de la política española. La decisión del presidente de llegar a un acuerdo con ellos sugiere que está dispuesto a trabajar con partidos de diferentes espectros políticos para lograr sus objetivos.

La importancia de la Constitución en este debate no puede ser subestimada. Al dar la bienvenida a Núñez Feijóo a la Constitución, el presidente estaba subrayando la importancia de este documento en la formación de la política española. También estaba recordando a Núñez Feijóo, y a todos los miembros del Congreso, que independientemente de sus diferencias políticas, todos están comprometidos con el respeto a la Constitución.

Esta sesión de control del Congreso fue un recordatorio de la importancia del debate y la discusión en la política española. Aunque los desacuerdos son comunes, y a veces incluso esperados, es crucial que todas las partes puedan expresar sus puntos de vista y desafiar a los demás en un ambiente de respeto y apertura.

En última instancia, este intercambio entre el líder de la oposición y el presidente del gobierno es un ejemplo de la vitalidad y la salud de la democracia española. Aunque los desacuerdos y los desafíos pueden ser difíciles, también son una parte esencial de un sistema político saludable y vibrante.

Pasos para solicitar el subsidio por cese de actividad para trabajadores autónomos

Daniel — Thu, 20 Jun 2024 07:55:45 +0000

El subsidio por cese de actividad para autónomos: Todo lo que necesita saber

En el ámbito empresarial, los trabajadores autónomos pueden enfrentarse a situaciones inesperadas que los obliguen a cerrar sus negocios. Para hacer frente a esta adversidad, la Seguridad Social otorga el subsidio por cese de actividad para autónomos, también conocido como el paro de autónomos. Esta prestación económica es una red de seguridad para aquellos trabajadores por cuenta propia que se encuentran en una situación de desempleo involuntario.

La naturaleza impredecible de la vida empresarial y la economía en general, hacen que esta prestación sea esencial para la supervivencia de los autónomos en tiempos difíciles. Para entender mejor este subsidio, es importante conocer los requisitos necesarios para solicitarlo.

Requisitos para el subsidio por cese de actividad

Para poder solicitar el subsidio por cese de actividad, es necesario cumplir con varios requisitos. En primer lugar, el solicitante debe estar afiliado y en alta en la Seguridad Social como autónomo en el momento del cese de actividad. Esto significa que debe tener un estatus legal de trabajador autónomo y estar registrado en el sistema de la Seguridad Social.

Además, es imprescindible haber cotizado por cese de actividad durante al menos 12 meses en los 24 meses inmediatamente anteriores al cese de actividad. Este requisito asegura que el solicitante ha estado activo y contribuyendo al sistema durante un período de tiempo significativo antes de solicitar el subsidio.

En tercer lugar, el solicitante debe encontrarse en situación legal de cese de actividad. Esto implica que debe haber dado de baja su negocio en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social. Este paso legal es necesario para demostrar que el negocio ha cesado su actividad.

Además, el solicitante no debe tener derecho a la prestación por jubilación o a cualquier otra prestación de la Seguridad Social incompatible con el subsidio por cese de actividad. Estas incompatibilidades aseguran que el subsidio solo se otorga a aquellos que realmente lo necesitan y no están recibiendo ningún otro tipo de ayuda económica.

Finalmente, el solicitante no debe estar percibiendo prestaciones por desempleo o cualquier otra prestación por inactividad laboral. Este requisito ayuda a garantizar que el subsidio por cese de actividad se destina a aquellos que realmente están en situación de desempleo involuntario.

Cómo solicitar el subsidio por cese de actividad

La solicitud del subsidio por cese de actividad para autónomos se puede realizar de dos maneras: de forma presencial en la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social con la que tengas cubierto el riesgo de contingencias profesionales, o telemáticamente a través del portal web del SEPE. Ambas vías son válidas y dependen de la preferencia del solicitante.

La documentación necesaria para solicitar el subsidio por cese de actividad para autónomos incluye la solicitud de prestación por cese de actividad debidamente cumplimentada, un certificado de alta o baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, una declaración jurada del solicitante del cese temporal o definitivo de su actividad, documentación que acredite la causa del cese de actividad (por ejemplo, una sentencia judicial o resolución administrativa), y una copia del último recibo de cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.

Cuantía del subsidio por cese de actividad para autónomos

La cuantía del subsidio por cese de actividad para autónomos es del 75% de la base mínima de cotización por contingencias profesionales que correspondía al trabajador en el momento del cese de actividad. Esta cantidad se abonará en mensualidades durante un máximo de 12 meses, siempre que el beneficiario se encuentre en situación de desempleo involuntario y cumpla con el resto de requisitos exigidos.

Jacome acosó al interventor para «justificar» su despido porque le resultaba «incómodo»

Ángela Gallego — Thu, 06 Jun 2024 16:27:46 +0000

La Salud Mental en el Trabajo: Un Caso de Desafío al Gobierno

El alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, es un hombre conocido por su audacia y disposición para desafiar a las autoridades. Esta vez, su audacia ha sido su perdición. El Juzgado de lo Social número 1 de la ciudad de As Burgas ha dictaminado que la conducta de Jácome hacia el interventor del Concello es constitutiva de acoso en el trabajo.

La sentencia, que se dio a conocer el pasado jueves, ha declarado nulo todas las acciones que Jácome emprendió contra el interventor, incluyendo su despido. El Tribunal ha ordenado que el interventor sea inmediatamente restituido en su puesto y que se le indemnice con la suma de 30.000 euros.

Es importante mencionar que esta sentencia puede ser apelada ante el Superior gallego, y aunque el Ayuntamiento anunció el lunes que el interventor regresaría a su puesto en virtud de una resolución judicial, esto no quita la gravedad de las acciones del alcalde.

El Acoso en el Trabajo y sus Consecuencias

El juzgado, en su sentencia, considera probado que Jácome, tras recibir un informe del interventor en agosto de 2023, inició una “campaña de desprestigio” contra el funcionario, tanto en los plenos como en las redes sociales. Su objetivo era justificar ante la opinión pública el futuro cese del funcionario, que para él resultaba incómodo.

La sentencia también señala que Jácome continuó con su acoso, a pesar de un informe del Ministerio de Hacienda que se oponía al cese del interventor. El juez considera probado que hubo un proceso de acoso y que las acciones de Jácome fueron desproporcionadas, con la única intención de dañar la integridad psíquica del trabajador.

El acoso en el trabajo, como este caso demuestra, se puede manifestar de varias formas. En este caso, el alcalde utilizó los plenos, las redes sociales y el despido como vías para atacar al interventor, tanto en su trabajo como en su conducta personal.

El Impacto de Acoso en la Salud Mental

Es importante subrayar que el acoso en el trabajo no sólo puede afectar la carrera profesional de una persona, sino también su salud mental. En este caso, la sentencia considera acreditado que la actuación de Jácome ha provocado un daño en la salud del interventor.

Los informes médicos muestran que el interventor ha estado sufriendo de un cuadro de ansiedad desde enero de este año, con visitas sucesivas al médico hasta llegar a un diagnóstico de un trastorno de ansiedad.

Este caso resalta la importancia de tener en cuenta la salud mental en el lugar de trabajo. El acoso laboral puede tener consecuencias graves en la salud mental de las personas afectadas, incluyendo el desarrollo de trastornos como la ansiedad.

Reacción del Alcalde

La reacción de Jácome a la sentencia ha sido la de atacar a otro de sus enemigos, los medios de comunicación. A través de Twitter, se preguntó si la prensa daría la misma difusión a la noticia.

El caso de Jácome es un claro ejemplo de por qué es importante tomar el acoso en el trabajo en serio. No sólo puede tener consecuencias legales, sino que también puede dañar la salud mental de aquellos que son objeto de acoso. Es fundamental que los empleadores tomen medidas para prevenir y tratar el acoso en el trabajo y para apoyar a los empleados que lo están sufriendo.

Esperamos que este caso sirva como un recordatorio para todos de que la salud y el bienestar de los empleados debe ser siempre una prioridad. No sólo es lo correcto desde un punto de vista ético, sino que también puede prevenir situaciones legales como la que ha enfrentado el alcalde de Orense.

El Senado solicita la destitución del fiscal general del Estado, con los aliados de Pedro Sánchez absteniéndose.

Julia Vicente — Wed, 08 May 2024 13:01:32 +0000

La política española está en un punto de ebullición, ya que los dos principales partidos, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), están en medio de una acalorada lucha por el control del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ambos partidos se han acusado mutuamente de intentar manipular el ente judicial para su propio beneficio.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra en el centro de este torbellino político. A pesar de la intensidad del conflicto, el resultado de la votación en el Senado era conocido de antemano, debido a la mayoría absoluta del PP. Este hecho no hizo menos contundente el resultado.

Un hecho sorprendente de esta lucha política es la postura de los socios nacionalistas e independentistas del Gobierno, es decir, ERC, Junts, Bildu y PNV. Estos partidos decidieron abstenerse en la votación en el Senado, una decisión que sin duda ha añadido más combustible al fuego de la polémica.

La tensión entre el PP y el PSOE no es nada nuevo en la política española. Ambos partidos han estado en el poder en diferentes momentos y han tenido muchas diferencias a lo largo de los años. Sin embargo, la actual disputa sobre el CGPJ ha llevado la rivalidad a un nuevo nivel.

El CGPJ es un organismo crucial en el sistema judicial español. Como tal, cualquier intento de controlarlo por parte de un partido político sería un grave asalto a la independencia del poder judicial. Ambos partidos están conscientes de esto, y por tanto, la acusación mutua de intentar controlar este organismo es un asunto de gran importancia.

El PP, con su mayoría absoluta en el Senado, tiene una posición privilegiada. Sin embargo, la abstención de los socios nacionalistas e independentistas del Gobierno ha complicado la situación. Estos partidos tienen sus propias agendas y ambiciones políticas, y su decisión de abstenerse puede tener significativas implicaciones políticas.

En cuanto al PSOE, se encuentra en una posición más delicada. Aunque es un partido poderoso, no tiene la mayoría en el Senado. Por lo tanto, se enfrenta a un desafío mayor para influir en el CGPJ. Sin embargo, la acusación de que el PP está intentando controlar el CGPJ es un arma potente que el PSOE puede utilizar en esta batalla.

Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, es una figura clave en este conflicto. Su papel en la resolución de esta disputa será crucial, y su manejo de la situación será observado de cerca tanto por el PP como por el PSOE.

La disputa sobre el CGPJ es un ejemplo perfecto de la intensidad y la complejidad de la política española. La interacción entre el PP y el PSOE, así como la implicación de otros partidos políticos, hace que la situación sea extremadamente dinámica y difícil de predecir. Sin embargo, el hecho de que el CGPJ esté en el centro de esta disputa subraya la importancia de la independencia judicial en una democracia.

Las asociaciones solicitan la destitución de García Ortiz «en honor a la institución»

Julia Vicente — Tue, 07 May 2024 17:54:30 +0000

El nombramiento de Dolores Delgado como directora de la Fiscalía de Memoria Democrática ha sido anulado por el Tribunal Supremo, una decisión que ha sido aplaudida por la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). La oposición a su elección, impulsada por estas dos organizaciones, ha desembocado ahora en un llamamiento a la dimisión del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

Este martes, ambas asociaciones de fiscales recibieron con satisfacción la determinación del Alto Tribunal. Coinciden en que, aunque la sentencia aún no ha sido notificada oficialmente, es evidente que este nuevo revés al fiscal general requiere su dimisión para preservar la integridad de la institución.

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha valorado positivamente el fallo del Tribunal Supremo. En declaraciones a ABC, Dexeus afirmó que, aunque aún no han tenido acceso al contenido íntegro de la sentencia, la noticia de que se han admitido los planteamientos presentados por sus vocales en el Pleno del Consejo Fiscal es positiva. Estos argumentos subrayaban la falta de comprobación de la posible incompatibilidad de Delgado por su relación con Baltasar Garzón en relación a la materia de esta Fiscalía especializada.

Dexeus añade que creen que sus vocales hicieron lo correcto al resistirse a abordar el nombramiento de Delgado sin antes investigar esa posible incompatibilidad. Según Dexeus, esta resolución es una de las muchas circunstancias que deberían motivar la dimisión del fiscal general, algo que la asociación ya ha demandado en tres ocasiones anteriores.

Por otro lado, el vocal de la APIF en el Consejo Fiscal, Salvador Viada, sostiene que, tras lo ocurrido recientemente y que lleva tiempo sucediendo, un respeto por las instituciones requeriría un cese inmediato del fiscal general. Viada recuerda que este martes han tenido lugar dos actuaciones graves: por un lado, el Supremo reconoció que el fiscal general no respetó las competencias del Consejo Fiscal al negarle el estudio de la posible incompatibilidad de Delgado; y por otro, la apertura de diligencias por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por presunta revelación de secretos.

Viada afirma que estas son situaciones sin precedentes que suman un buen número de reveses judiciales a la Fiscalía General del Estado y hacen que la dimisión de García Ortiz sea necesaria. Según Viada, la situación es insostenible.

Del mismo modo, el fiscal Antidroga Luis Ibáñez, cuyo recurso también ha sido admitido, celebró la decisión de la Sala Tercera. Sin embargo, se mostró cauteloso al valorarla hasta que no conozca la resolución en su totalidad, lo que se espera que suceda en los próximos días.

El debate en torno a la idoneidad del nombramiento de Dolores Delgado y las consecuencias para el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, son, sin duda, temas que continuarán dando que hablar en el panorama judicial y político español.

No puede permanecer allí ni un minuto más

Julia Vicente — Tue, 07 May 2024 17:01:05 +0000

En una reacción tajante ante un nuevo revés para el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, el Partido Popular ha exigido su destitución inmediata. Esta demanda viene a raíz de la decisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de invalidar el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática.

Esta es la segunda llamada de atención que García Ortiz recibe del Supremo, la primera relacionada con la acusación de desvío de poder en otro nombramiento que también involucraba a Dolores Delgado: su ascenso a primera categoría como jefa de la Fiscalía Togada del Supremo.

En un post en las redes sociales, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, denunció la situación, afirmando que la Fiscalía no es una oficina de empleo. En su post, Gamarra destacó que, pese a la creación de un puesto hecho a medida para Dolores Delgado, el Supremo también anuló su ascenso como fiscal de Memoria Democrática. Según Gamarra, García Ortiz no puede permanecer en el cargo «ni un minuto más».

El Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, aprovechará su posición para aprobar una moción consecuencia de interpelación pidiendo la renuncia de García-Ortiz. Aunque no es vinculante, esta moción refleja la voluntad de una de las dos cámaras de las Cortes Generales.

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, acusó al Gobierno de «depravación democrática». En palabras de García, no hay nada más peligroso que «un presidente ególatra y acorralado rodeado de aduladores», refiriéndose a Pedro Sánchez.

Recalcó que España está cansada de la vanidad de un presidente cuyo proyecto está agotado y tiene mucho más pasado que futuro. Su reclamo es que García Ortiz sea cesado para demostrar lo contrario.

La decisión del Supremo viene tras admitir los recursos de la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y uno de los candidatos a esa plaza, Luis Ibáñez. Estos recursos pedían que se permitiera estudiar la posible incompatibilidad de Dolores Delgado con las actividades que su pareja, el abogado Baltasar Garzón, desempeña en el mismo ámbito.

El órgano que representa a la carrera debe pronunciarse sobre si concurre o no la causa de prohibición prevista en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Según este artículo, los fiscales no pueden ejercer en las fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o pareja ejerza una actividad que obstaculice el desempeño imparcial de su función.

Los recurrentes destacaron que la pareja de Delgado preside la Fundación Internacional Baltasar Garzón, que participa activamente en la elaboración de informes sobre materias como las supuestas infracciones del Estado Español de lo dispuesto en la Convención contra las Desapariciones Forzadas.

El PP volverá a denunciar todos estos hechos en el Senado en el debate de la moción que insta al Gobierno a cesar a García Ortiz y a nombrar un sustituto que garantice la idoneidad, imparcialidad, competencia profesional e independencia requerida para el ejercicio del cargo.

En el texto de la moción, fundamentan su petición por el incumplimiento grave y reiterado de sus funciones, y por su intolerable conducta en el desempeño de su cargo.

También el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha denunciado la decisión del Tribunal Supremo, calificándola como un revés para el Fiscal General del Estado y su jefe, Pedro Sánchez. Tellado sostiene que, afortunadamente, el estado de Derecho funciona para quienes creen en la democracia y la separación de poderes, «le pese a quien le pese».

Desde la dirección nacional del PP en la calle Génova, señalan que si la Fiscalía General del estado depende de Pedro Sánchez, como él mismo dijo, la politización «sin precedentes» que vive la justicia es su responsabilidad.

El PP recuerda el Plan de Calidad Institucional propuesto por su líder, Alberto Núñez Feijóo, para acabar con el «sistema clientelar» de designaciones que practica García Ortiz y que ha avalado Sánchez. Acusan al fiscal general del Estado de actuar «como un ministro más» del Gobierno, al igual que aseguran que ejercen su puesto José Félix Tezanos como director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o Concepción Cascajosa en RTVE.

Desde Génova celebran que «la corrección moral que no se puede esperar de este Gobierno llega por parte de la Justicia». Insisten en que García Ortiz debe dimitir o ser cesado tras el nuevo dictamen del Supremo «en contra de sus decisiones arbitrarias».

El Senado demandará la destitución del fiscal general del Estado debido a su «conducta inaceptable»

Julia Vicente — Thu, 02 May 2024 21:06:58 +0000

El Partido Popular (PP) ha anunciado que presentará una moción en el pleno de la próxima semana, solicitando al Gobierno que reemplace al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha declarado que García Ortiz no debería permanecer «ni un segundo más» en su cargo, en un claro ejemplo de la creciente presión política sobre el gobierno.

La noticia llega en medio de una serie de polémicas en torno a la imparcialidad e independencia del Fiscal General del Estado, cuyo papel es crucial para garantizar la justicia y el estado de derecho. La moción del PP es un llamado a la acción contra lo que perciben como una falta de idoneidad en el cargo.

La portavoz Alicia García ha sido una crítica vocal del desempeño de García Ortiz, cuestionando su capacidad para llevar a cabo sus responsabilidades de manera justa e imparcial. La moción que promoverá su partido la próxima semana busca poner fin a este estado de cosas, pidiendo al Gobierno que nombre a alguien que garantice la idoneidad, imparcialidad e independencia que se espera de un Fiscal General del Estado.

La Fiscalía General del Estado es una institución clave en el sistema judicial español, encargada de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público. La idoneidad e independencia del Fiscal General son, por lo tanto, de vital importancia para la salud del sistema judicial y la confianza pública en él.

El PP ha sido un crítico persistente del actual gobierno, cuestionando su capacidad para administrar la justicia de manera efectiva y justa. La moción que se presentará en el pleno de la próxima semana es un ejemplo claro de esta postura crítica y una muestra de su compromiso con la defensa de la legalidad y los derechos de los ciudadanos.

La moción será un tema de debate significativo en el pleno de la próxima semana, con los partidos de la oposición y del gobierno probablemente enfrentados en sus evaluaciones del desempeño de García Ortiz.

La portavoz del PP, Alicia García, ha hecho un llamado a la acción, instando al Gobierno a tomar medidas para abordar lo que ve como una crisis en la Fiscalía General del Estado. Su declaración de que García Ortiz no debería permanecer «ni un segundo más» en su cargo es un claro indicativo de la gravedad con la que el PP ve esta situación.

La moción del PP es un llamado para que el Gobierno tome acción y garantice la idoneidad, imparcialidad e independencia del Fiscal General del Estado. Es una muestra de su compromiso con la defensa de la legalidad y los derechos de los ciudadanos, y un desafío al Gobierno para demostrar su propio compromiso con estos principios.

Como se desarrollará este debate en el pleno de la próxima semana y cuál será la respuesta del Gobierno a esta moción, es algo que aún está por verse. Lo que es claro, sin embargo, es que la idoneidad e independencia del Fiscal General del Estado es un tema de gran importancia, con implicaciones significativas para el sistema judicial español y la confianza del público en él.