El objetivo principal de esta modificación es dar respuesta a las reivindicaciones del sector agrario y ganadero que, en muchas ocasiones, se ven obligados a vender sus productos por debajo del coste de producción. En este sentido, esta reforma también pretende eliminar las prácticas abusivas en la cadena de suministro de alimentos.

Teresa Jordà, diputada de ERC y exconsellera de Acció Climàtica de la Generalitat, ha sido la encargada de defender la propuesta en el Congreso, considerándola una «oportunidad de oro» para el sector agrario. Las organizaciones del sector han aplaudido la decisión, considerando esta ley como una regulación clave para los agricultores. De hecho, la revisión de esta norma fue una de las principales demandas de los agricultores en febrero pasado, cuando llevaron a cabo protestas en todo el país.

El sindicato Unió de Pagesos, en su comunicado, afirmó que el Congreso tiene una «nueva oportunidad para corregir el abuso de poder» y las prácticas desleales en la cadena alimentaria contra los productores agrarios.

Aunque inicialmente el ministro de Agricultura, Luis Planas, defendió la eficacia de la ley de 2021, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió reforzarla debido a las movilizaciones del sector. Teresa Jordà destacó que la ley «no cumple las expectativas» y era «cuestión de tiempo» que los agricultores volvieran a manifestarse.

La proposición de ley busca dotar a las cooperativas y otras entidades asociativas de mayor poder de negociación e incluir los costes reales de producción de sus profesionales en el cálculo de los costes generales de la entidad asociativa. Además, pretende reducir la carga administrativa, simplificar el registro de contratos alimentarios y prohibir la venta a pérdidas, incluyendo los costes fijos y variables de la comercialización de alimentos.

La iniciativa también establece que disponer de un 8% del porcentaje de cuota de mercado en la cadena alimentaria supone poseer una posición dominante. Asimismo, la propuesta incluye un mecanismo para definir estándares de costes de producción medios que puedan servir de punto de partida en la definición y formalización de cualquier contrato.

En cuanto a la postura de los grupos, el diputado socialista Amador Marqués sostuvo que «el sector necesita el refuerzo» y la aplicación efectiva de una ley que tiene que «garantizar los precios justos» en el campo. Mientras tanto, el PP y VOX fueron acusados de «poner en riesgo la agricultura y el modelo de protección social» en la Unión Europea.

Por otro lado, la portavoz del PP, Milagros Marcos, afirmó que tras su reforma, «la ley de la cadena no funciona, pero no necesita los cambios» que se han presentado y que, a su juicio, suponen «una economía intervenida por la Administración, que fija precios al margen de los mercados y la ley». Vox también se mostró crítico con la propuesta, considerándola insuficiente y que ignora la complejidad del mercado.

Finalmente, otros grupos como Sumar, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria mostraron su apoyo a la propuesta de ley y la necesidad de reformar la norma actual para garantizar precios justos a los productores y protegerlos frente a los abusos de las grandes empresas de distribución.