Reforma de la Ley de Extranjería

El Partido Popular (PP) ha establecido una única condición para dar luz verde a la reforma de la ley de Extranjería. Esta condición es que todas las Comunidades Autónomas, incluyendo Cataluña, sean parte del reparto de menores inmigrantes que llegan a Canarias. Esta postura del PP es crucial en el proceso de reforma ya que su apoyo es vital para la aprobación de la modificación de dicha ley.

La llegada de menores inmigrantes a Canarias se ha convertido en un tema de gran relevancia a nivel nacional. La situación de estos menores, muchos de los cuales vienen sin acompañamiento, ha llevado a un llamado para una redistribución más equitativa entre las Comunidades Autónomas. El objetivo de esta redistribución es asegurar que estos menores reciban la atención y el cuidado adecuado, independientemente de donde se encuentren en España.

El papel de Cataluña en el reparto

La inclusión de Cataluña en el reparto de menores inmigrantes es un punto de discusión importante en esta reforma de la Ley de Extranjería. El Partido Popular ha dejado claro que no se debe eximir a ninguna Comunidad Autónoma del reparto, incluyendo a Cataluña. Esta postura es vista por algunos como una manera de asegurar la unidad y la responsabilidad compartida entre todas las Comunidades Autónomas.

La conferencia sectorial, anunciada por los gobiernos central y canario, será un espacio para que todas las Comunidades Autónomas discutan y lleguen a un acuerdo en torno a la reforma de la Ley de Extranjería. Este evento también permitirá la elaboración del texto final del acuerdo de modificación de la ley, que se espera que refleje un consenso entre todas las partes involucradas.

Este proceso de reforma de la Ley de Extranjería es un paso importante para el manejo de la inmigración en España. A través de la redistribución de menores inmigrantes entre todas las Comunidades Autónomas, se espera que se pueda proporcionar un mejor cuidado y atención a estos menores. Sin embargo, este proceso también requiere una fuerte colaboración y consenso entre todas las Comunidades Autónomas, incluyendo Cataluña.

La conferencia sectorial será una oportunidad para que todas las Comunidades Autónomas trabajen juntas en la creación de una solución que sea justa y equitativa para todos. Mediante este proceso de reforma, se espera que España pueda mejorar su manejo de la inmigración y proporcionar un mejor futuro para estos menores inmigrantes.

La decisión se ha tomado con el objetivo de permitir a las comunidades autónomas comenzar a cumplir con sus compromisos. Trabajo ha informado de que las comunidades autónomas recibirán de manera inmediata el 70% de los fondos que les corresponden de acuerdo a los criterios establecidos en la Conferencia Sectorial de abril de 2023. Esto representa un aumento del 6,49% respecto al importe del año 2022.

La cantidad de fondos asignados, es decir, 1.800,3 millones de euros, es la recogida en los Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogados finalmente para 2024. Fuentes consultadas por ABC indican que si las Cuentas del presente ejercicio hubieran sido aprobadas, esta cantidad habría ascendido a más de 2.500 millones de euros. Las mismas fuentes aseguran que los 700 millones restantes serán entregados una vez haya presupuesto consignado para esta materia.

En próximas semanas, se celebrará una nueva conferencia sectorial en la que se completará la distribución total de los fondos. Sin embargo, las fuentes consultadas no aclaran la naturaleza de la fuente de financiación que permitirá al Estado incrementar hasta en un 39% el presupuesto destinado a estas políticas activas de empleo.

De los 1.800,3 millones de euros contemplados, 997 millones corresponden a políticas activas de empleo y formación; 308 millones a iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo que no corresponden a certificados de profesionalidad; 443 millones a iniciativas de formación en alternancia para el empleo, y 51,4 millones a la modernización de los servicios públicos de empleo. Del importe total, se destinarán 633 millones de euros a combatir el desempleo del colectivo de personas mayores de 52 años.

Además, se han establecido objetivos cuantitativos por comunidades autónomas, el objetivo de mejora de la empleabilidad y la voluntad de impulsar la consolidación y profesionalización del personal orientador laboral en toda la red de los servicios públicos de empleo. Para ello, el Ministerio de Trabajo, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), impulsará el diseño y financiación de un programa inicial y continuo de formación para profesionalizar y consolidar al personal que desempeñe las competencias relacionadas con la orientación laboral.

También se ha asignado un crédito presupuestario total para acciones ordinarias de prevención de riesgos laborales de ámbito territorial de 11.390.000 euros. Este crédito fue propuesto por el Patronato de la Fundación Española para la Prevención de Riesgos Laborales.

La Conferencia también debatió el proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo y los servicios garantizados establecidos en la Ley de Empleo. Este proyecto tiene el objetivo de mejorar los sistemas de empleo públicos.

A pesar de la buena marcha de la Conferencia, no todas las comunidades autónomas han estado de acuerdo con la distribución de fondos. Mientras que Castila y León se ha abstenido en la partida de prevención de riesgos laborales, la Comunidad Valenciana ha votado en contra en el reparto de fondos para políticas activas de empleo.