La Fiscalía pide entre 53 y 28 años de cárcel para cinco acusados de violación múltiple durante la pandemia

Un caso polémico

Este caso ha sido notable pues García-Castellón había propuesto al Tribunal Supremo que se investigara al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo, un delito que no está incluido en la ley de Amnistía. Esta propuesta es precisamente la razón por la que García-Castellón ha informado al Alto tribunal de su decisión, permitiendo que decidan si desimputar al líder de Junts.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional emitió un auto a media mañana que dejaba sin contenido la parte más importante de la investigación de Tsunami. Los magistrados Alfonso Guevara, Carlos Fraile y Ana María Rubio admitieron un recurso de apelación de la investigada Marta Molina Álvarez, secretaria de Movimientos Sociales de ERC, e invalidaron todas las diligencias de instrucción acordadas por el Juzgado Central de Instrucción 6 posteriores al 29 de julio de 2021.

La defensa de Molina argumentó que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con garantías porque el juez acordó prorrogar otros seis meses la investigación un día más tarde de que se cumpliera el plazo permitido en la ley. Los magistrados, en el auto de este mismo lunes, invalidaban todas las diligencias de investigación acordadas a partir de esa fecha para que García-Castellón dictara un auto de sobreseimiento.

García-Castellón insiste en que ve indicios de terrorismo para mantener la investigación, pero reconoce que, al no haber tomado declaración a los investigados dentro del plazo legal, no puede continuar con ella. Ayer tuvo que interrumpir sus vacaciones, previstas hasta dentro de dos semanas, para dictar este auto de archivo.

El papel del Supremo

La mayoría de las diligencias de la investigación, que comenzó hace cuatro años, se practicaron en los tres últimos, fuera del período acotado ayer por la Sala de lo Penal. García-Castellón argumentó en su resolución que las diligencias practicadas en las últimas semanas habían permitido corroborar algunos de los indicios obtenidos en los cuatro años que duró la investigación.

Los informes aportaron los principales indicios en los que el instructor se basó para ver terrorismo. Según explicó García-Castellón en su exposición ante el Alto Tribunal, se reveló el uso de artefactos, sustancias y armas en la acción de bloqueo del aeropuerto por parte de los manifestantes. Atribuyó además a Tsunami la muerte de un hombre de nacionalidad francesa.

Tras la decisión del Supremo de asumir la competencia de la investigación de Tsunami en lo que afecta a Puigdemont y Wagensberg, las decisiones que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y el propio juez instructor han tomado este lunes dejan la última palabra sobre la imputación del expresidente catalán en manos del TS.

Declaraciones de imputados

La magistrada Susana Polo es la encargada de la causa de Tsunami en el Supremo y el pasado viernes acordó preguntar a las partes si veían procedente elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras la entrada en vigor de la ley de Amnistía. Puigdemont, que sigue fugado de la Justicia española, todavía no ha prestado declaración como investigado por estos hechos.

Desde la defensa aseguraban ayer, antes de conocer el carpetazo del instructor, que «no hay base para mantener la causa contra Puigdemont con lo instruido hasta 2021 así como contra los investigados a los que el juez aún no ha citado a declarar.

El **Ibex** ha logrado recuperarse luego de acercarse al soporte clave de los **10.800 puntos**. Este movimiento ha generado interés entre los inversores y analistas del mercado financiero.

Según el análisis técnico, se observa una **rotura de resistencia** en el gráfico del Ibex, lo que indica un posible cambio de tendencia. Los niveles clave a tener en cuenta son **10.800** como soporte, **10.500** como segundo soporte, **11.200** como resistencia y **11.469** como resistencia adicional.

En el corto plazo, se presenta una señal **neutral**, mientras que en el medio y largo plazo se observa una señal **alcista**. Estos indicadores sugieren un posible escenario positivo para el Ibex en las próximas semanas.

El selectivo español ha logrado mejorar su aspecto técnico al cubrir el hueco bajista en los **11.057 puntos**. Se espera que en las próximas semanas se pueda alcanzar la barrera de los **11.200 puntos**, lo cual sería crucial para determinar la evolución futura del Ibex.

La superación de los **11.200 puntos** supondría una mejora significativa en las perspectivas técnicas, con la posibilidad de alcanzar los máximos anuales en los **11.469 puntos**.

¿Qué impacto tendrá esta recuperación en el Ibex?

Esta noticia sobre la reacción del Ibex tras acercarse al soporte de los **10.800 puntos** plantea interrogantes sobre el futuro del mercado bursátil español. Los inversores y analistas estarán atentos a la evolución del Ibex en las próximas semanas para determinar si esta recuperación es sostenible y si se pueden esperar mayores ganancias en el corto y mediano plazo.

La anulación de una de las penas de prisión por malversación impuestas en el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) ha tenido su primera consecuencia. La decisión, tomada por la mayoría progresista del Tribunal Constitucional (TC), ha llevado a la liberación inmediata de Miguel Ángel Serrano, exdirector de la Agencia IDEA y condenado a seis años y medio de cárcel.

Esta orden de liberación ha sido emitida por la Audiencia Provincial de Sevilla al director del centro penitenciario de Sevilla I. Serrano, quien lideró la Agencia IDEA, la caja pagadora de los ERE, entre 2004 y 2008, había sido condenado a seis años y medio de prisión.

La liberación de Serrano se realizó a través de un mandamiento enviado al centro penitenciario donde estaba recluido. El mandamiento llegó después de que el Tribunal Constitucional anticipara su fallo a través de un correo electrónico el 2 de julio.

Anulación de la Condena por el Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional, en su fallo, concedió amparo a Serrano, que había sido condenado por prevaricación y malversación. Desde el 2 de enero de 2023, estaba cumpliendo una pena de seis años y medio de prisión e inhabilitación absoluta durante 17 años. El TC ha anulado su condena y ha declarado que «se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal y su presunción de inocencia».

Este órgano de garantías pretende aplicar una doctrina similar en otros casos de condenados por malversación de fondos de la Junta, incluido el caso del ex presidente socialista, José Antonio Griñán, cuyo recurso de amparo se revisará dentro de dos semanas.

Juan Carlos Alférez, abogado de Serrano, del bufete sevillano Constitución 23, expresó su «enorme satisfacción» tras la decisión del Tribunal Constitucional. Alférez sostiene que la estimación total del recurso de amparo determina la puesta en libertad inmediata de su cliente.

«Se elimina por completo la malversación global a la que fueron condenados, a excepción de aquellos actos que verdaderamente constituyan una desviación clara de la finalidad para la que el legislador creó la partida», afirmó Alférez. En el caso de los antiguos directores generales de la Agencia IDEA, a los que Alférez ha defendido, el abogado declaró que «el fallo limpia por completo su conducta, su absolución es total».

Alférez argumentó que la Agencia IDEA nunca podría haber cometido infracciones penales, ya que su actuar se ajustaba a los mandatos de las distintas leyes de presupuesto y no estaba a su alcance conocer el destino real de las ayudas concedidas.

Esta decisión del Tribunal Constitucional marca un importante precedente en los casos de malversación de fondos públicos en España. Sin embargo, también lleva a preguntarse qué pasará con las otras personas condenadas en el caso ERE y si también podrían beneficiarse de la aplicación de esta nueva doctrina legal.

El exjuez Baltasar Garzón se encuentra en una situación complicada. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha decidido no admitir a trámite los incidentes de nulidad de actuaciones que Garzón había presentado contra las tres sentencias que anularon el nombramiento de su esposa, Dolores Delgado, como fiscal de Sala de Memoria Democrática.

La decisión de la sala se notificó el jueves, concluyendo que Garzón, quien es el marido de Delgado, no tiene legitimidad para promover estos incidentes de nulidad. Además, la sala afirmó que, al no ser parte en el caso, Garzón tampoco puede solicitar la abstención de uno de los magistrados que formaban parte del tribunal que dictó las mencionadas sentencias.

Garzón, en sus escritos, alegó que se enteró de las sentencias al leer los periódicos digitales el 11 de junio. Tras acceder a la base de datos del Cendoj (centro de documentación judicial del CGPJ), confirmó que las sentencias se referían a él y a su despacho. Y, entre los magistrados que formaron la Sala que las dictó, se encontraba José Luis Requero, a quien Garzón quería apartar.

La impugnación de Garzón

El abogado añadía que el 25 de junio de 2024, el décimo día hábil después de conocer las sentencias, presentó los incidentes de nulidad. En ellos, argumentaba que debería haber sido emplazado y que, al no serlo, se le causó indefensión. Además, solicitaba la abstención de Requero, alegando enemistad de este hacia él o un interés directo o indirecto en la causa, debido a una referencia que Requero hizo sobre él en la prensa.

La Sala recordó que la abstención es una decisión personal de los magistrados que se consideren incursos en alguna de las causas que la requieren. Esta debe ser aceptada por la Sala, y la recusación requiere de un poder especial y de la firma del recusante, que falta en este caso. «Lo cierto es que solamente las partes de un proceso pueden recusar a jueces o magistrados que conocen de él. Y el señor Garzón ni es parte ni está legitimado para serlo (…)».

Aún más, si se hubiera formulado correctamente, la recusación debería ser inadmitida por extemporánea. A pesar de que se presentó en plazo, la fecha relevante es la de la publicación en el BOE el 22 de diciembre de 2023, de la composición de las Salas del Tribunal Supremo, donde figuraba que José Luis Requero era componente de la Sección Cuarta.

Además, los magistrados aseguraron que Garzón no podía desconocer que el 7 de mayo de 2024 se hizo público el fallo de las sentencias cuya nulidad pretende. También se señaló que la controversia suscitada por el nombramiento de su esposa y su relación con la actividad profesional de Garzón alcanzó dimensión pública en junio de 2023, cuando el Consejo Fiscal conoció la propuesta.

La pasividad de Garzón durante el procedimiento

«No se puede aceptar que don Baltasar no tuviera ningún conocimiento del recurso contra el nombramiento de su esposa, ni de las razones que lo fundamentaban antes de que se notificara la sentencia el 11 de junio de 2024 y pudiera leerla en la base de datos del CGPJ», señaló la Sala.

La Sala precisó que Garzón «no tiene la condición de interesado en este proceso y que, por eso, no fue emplazado por la Administración, ni por esta Sala. Y su pasividad a lo largo de su desenvolvimiento confirma que él mismo no se consideró como tal». Las razones que da para justificar su interés son «inconsistentes», apuntó la Sala. Porque el hecho de que concurran posibles prohibiciones e incompatibilidades en el caso de Delgado para hacerse cargo de esa plaza «no convierte en interesados en el procedimiento administrativo y en el eventual ulterior proceso judicial a los familiares respecto de los que surgen».

La noticia de las últimas semanas en el ámbito político y judicial español se ha centrado en el llamado ‘Caso ERE’, una trama de corrupción que funcionó en la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2009. Ahora, el Tribunal Constitucional ha comenzado a deliberar sobre los recursos de amparo interpuestos por doce de los condenados en este caso.

Este caso ha provocado una gran controversia y ha involucrado a varias figuras destacadas del panorama político español. Uno de esos nombres es Magdalena Álvarez, quien, según el presidente, «también ha sufrido el vil ataque de la derecha y la ultraderecha».

La Máquina del Fango y los EREs

El presidente vinculó hace unos días el caso ERE con lo que denominó «la máquina del fango», un término que referencia a la manipulación de información con fines políticos. Según el presidente, esta «máquina» ha estado operando para desacreditar a aquellos involucrados en el caso, incluyendo a Magdalena Álvarez.

El caso ERE se refiere a una serie de irregularidades en la concesión de ayudas para la reestructuración de empresas en crisis en Andalucía. Se estima que la trama de corrupción pudo desviar hasta 680 millones de euros de fondos públicos durante su operación.

Por su parte, Magdalena Álvarez, exministra de Fomento y exconsejera de Economía en la Junta de Andalucía, ha sido una de las figuras más destacadas del caso. Álvarez fue condenada en 2019 a 15 años de inhabilitación por prevaricación en relación con el caso.

La Deliberación del Tribunal Constitucional

Ahora, el Tribunal Constitucional (TC) se encuentra en el proceso de deliberación sobre los recursos de amparo interpuestos por doce de los condenados en el caso. El TC es el intérprete supremo de la Constitución Española, con potestad para determinar la constitucionalidad de las leyes y actos de los poderes públicos.

La función del TC en este caso es determinar si se han vulnerado los derechos fundamentales de los condenados durante el proceso judicial del caso ERE. Si el TC acepta los recursos de amparo, las condenas de los implicados podrían ser anuladas o reducidas.

A lo largo de esta semana, el TC evaluará cada uno de los recursos presentados e irá tomando decisiones sobre ellos. El resultado de estas deliberaciones será clave para el futuro de los condenados y para el desenlace del caso ERE.

Las Repercusiones Políticas del Caso

El caso ERE ha tenido una gran repercusión en la política española. La trama de corrupción ha manchado el nombre de varios políticos y funcionarios, y ha alimentado el debate sobre la corrupción en la política española.

Además, las declaraciones del presidente vinculando el caso con «la máquina del fango» han añadido una nueva dimensión a la controversia. Según él, la derecha y la ultraderecha han utilizado el caso para atacar a sus rivales políticos, en un intento de desacreditarlos y ganar ventaja política.

Esa es la situación hasta el momento. El Tribunal Constitucional continúa deliberando sobre los recursos de amparo y se espera que pronto se conozca el resultado de estas deliberaciones. Mientras tanto, el caso ERE sigue siendo un tema candente en la política española, y sus repercusiones se seguirán sintiendo en los próximos meses.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la vicepresidenta del tribunal, la magistrada Inmaculada Montalbán, quien está a cargo de la ponencia, coincide con el criterio de la Fiscalía. Ambas entidades proponen que se estime el recurso de Álvarez en lo que respecta al delito de prevaricación. El Pleno del TC será el encargado de votar si respalda o no la redacción propuesta.

A principios de año, se supo que el Ministerio Público había informado a la corte de garantías que cualquier revisión de las penas del caso ERE solo debería afectar al delito de prevaricación. Esta afección estaría relacionada con la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos de Andalucía y su envío al Parlamento autonómico.

Interpretación del delito de prevaricación

La Fiscalía sostiene que tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo han hecho una interpretación excesiva del delito de prevaricación, ya que se trata del ejercicio de la iniciativa legislativa.

Las fuentes consultadas señalan que la cuestión constitucional que plantea la condena de Álvarez es si la aprobación del proyecto de ley de presupuestos, que se aprobó posteriormente como ley, podría haber sido juzgada o no por un juez penal y calificada como acto administrativo injusto.

Estas mismas fuentes insisten en que este será uno de los puntos de debate. Se estudiará si el juez en cuestión debería haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el propio TC si albergaba dudas sobre la legalidad de la ley en lugar de declararla ilegal.

El Constitucional abordará el caso de Álvarez después de casi un año y medio de estudio. Los magistrados admitieron a trámite el recurso de amparo al entender que tiene especial trascendencia constitucional. Según una nota informativa publicada este lunes por el tribunal, este caso plantea un problema constitucional que afecta a derechos fundamentales sobre el que no hay doctrina del tribunal y que suscita una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social con consecuencias políticas generales.

La próxima semana, el TC comenzará a deliberar sobre los recursos de amparo presentados por 12 de los condenados por el ‘caso ERE’, según anunció este lunes la corte de garantías. Lo hará tras un año y medio de estudio de los recursos que impugnan las sentencias de la denominada «pieza específica», relacionada con el uso irregular de las subvenciones autonómicas de la Junta de Andalucía para los Expedientes de Regulación de Empleo.

Algunos responsables fueron condenados como autores de un delito de prevaricación, y algunos de ellos en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos.

Es relevante recordar que en 2022, el Tribunal Supremo confirmó la condena al expresidente andaluz Manuel Chaves a 9 años de inhabilitación por prevaricación y la de su sucesor José Antonio Griñán, por prevaricación y malversación, a 6 años de cárcel. Griñán no ha ingresado en prisión debido al tratamiento contra el cáncer de próstata que padece.

En la agenda del martes 18 de junio, el Pleno tiene previsto deliberar sobre los recursos interpuestos por la exministra socialista Magdalena Álvarez y José Antonio Viera.

En septiembre, el Constitucional rechazó por unanimidad las medidas cautelares solicitadas por siete de los condenados para suspender sus penas de prisión: Márquez, Serrano, Fernández, Vallejo, Rodríguez, Viera y Martínez.

La Fiscalía del Constitucional, en sus alegaciones a los recursos, apoyó revisar algunas condenas por prevaricación, entre ellas la del expresidente Chaves, pero no las impuestas por malversación, lo que perjudicaría a su sucesor Griñán, ya que fue el segundo delito lo que le acarreó pena de prisión.

Por Ana María Ángel Esteban, Toledo, 30 de marzo de 2024

La toxicidad interpersonal es un fenómeno inquietante que muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Las personas tóxicas operan mediante una serie de comportamientos y estrategias que buscan socavar y anular la confianza y tranquilidad de los demás. Este tipo de comportamiento puede tener un impacto significativo en nuestras relaciones interpersonales, ya sean con amigos, compañeros de trabajo, e incluso en nuestras relaciones más íntimas y personales.

Las personas tóxicas tienen un arsenal de tácticas a su disposición. Algunos ejemplos incluyen el uso constante de la crítica destructiva, el comportamiento manipulador, y la tendencia a crear conflictos innecesarios. Estos comportamientos pueden causar estrés, ansiedad y un deterioro en la salud mental.

Pero, ¿qué es exactamente una persona tóxica? No hay una definición única, pero en general, se considera que una persona tóxica es alguien que constantemente socava la confianza y tranquilidad de los demás a través de sus acciones y palabras. Esto puede ser hecho de manera consciente o inconsciente, pero el resultado final es el mismo: la persona en el extremo receptor se siente menospreciada, invalidada y generalmente mal.

La toxicidad interpersonal no se limita a nuestras relaciones personales. También puede surgir en el lugar de trabajo, donde puede tomar la forma de acoso laboral o manipulación. En estos casos, las personas tóxicas utilizan su posición de poder para controlar y dominar a los demás, lo que puede llevar a un ambiente de trabajo hostil y poco saludable.

La toxicidad interpersonal también puede presentarse en nuestras interacciones en línea. En la era digital, las personas tóxicas tienen una plataforma mucho más grande para difundir su negatividad. Esto puede resultar en ciberacoso, donde las personas tóxicas utilizan el anonimato y la distancia que proporciona Internet para hostigar y atormentar a los demás.

Entonces, ¿cómo podemos protegernos de las personas tóxicas? La clave está en establecer límites firmes y tener un sólido sentido de autoestima. Las personas tóxicas se alimentan de la inseguridad y la duda, por lo que tener una fuerte confianza en uno mismo puede ser una defensa efectiva.

Además, es importante recordar que no estamos obligados a tolerar el comportamiento tóxico. Si alguien en nuestra vida está causando un daño emocional constante, tenemos el derecho de alejarnos y proteger nuestro bienestar mental.

La toxicidad interpersonal es un problema serio que puede tener un impacto significativo en nuestras vidas. Sin embargo, al reconocer los signos de un comportamiento tóxico y tomar medidas para protegernos, podemos minimizar su impacto y mantener nuestras relaciones saludables y positivas.

En última instancia, es vital recordar que todos tenemos el derecho de ser tratados con respeto y dignidad. La toxicidad interpersonal no es algo que debamos aceptar como normal o inevitable. Al mantenernos firmes y proteger nuestro bienestar emocional, podemos crear un ambiente más saludable para nosotros mismos y para aquellos que nos rodean.