Polémica por las pruebas a funcionarios que pueden degradarles y reducirles el sueldo

Las novedosas pruebas de evaluación a los gobernantes pusieron de pie de guerra a usados públicos y sindicatos. El Gobierno ha incluido en el anteproyecto de Ley de la Función Pública, aprobada este pasado martes en el Consejo de Ministros, estas evaluaciones de carácter de forma anual, completamente obligatorias y que podrían obligar a los gobernantes que no la superen a ser degradados caso de que hubieran promocionado y hasta a ser apartados de su puesto.

El artículo, que podría recibir ediciones, prevé que los usados públicos logren ser apartados si incumplen de manera correcta con sus trabajos expertos, si su desempeño es deficiente o si no tienen la posibilidad de realizar las demandas requeridas para el puesto no recibiendo capacitación agregada. “La obtención continuada de desenlaces negativos en la evaluación del desempeño va a dar rincón a la remoción del puesto conseguido por certamen”, apunta el archivo, al que tuvo ingreso el períodico ‘El País’.

También, según revelan fuentes de la Función Pública, es prácticamente seguramente los trabajadores perderían el complemento retributivo por buen desempeño. Por otro lado, todavía no se definió si van a perder de manera total o parcial la optimización salarial percibida tras su promoción. Además de esto, una puntuación negativa asimismo impactará en la puntuación en los concursos de traslado.

La ministra representante, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el artículo tiene un diálogo previo con los agentes sociales, si bien están libres a debatirlo y añadir ediciones más adelante. Según Rodríguez, el anteproyecto de ley incluye “elementos de transformación, optimización y modernización” de la Administración General del Estado y logrará actualizar la Función Pública de España 15 años tras la aprobación del Estatuto Básico del Usado Público.

El anteproyecto ha despertado el malestar de los sindicatos, que piensan “gravísimo” que los gobernantes logren ser degradados o apartados de sus puestos si no se sobrepasan estas evaluaciones por desempeño.

Elisa Fernández, asesora del campo de Administración General del Estado de FSC-CCOO, ha calificado la medida como “bastante grave” gracias a su carácter “subjetiva” y a que no fué negociada con los sindicatos. “Clama al cielo”, añade, al paso que demanda que esté sosten a “criterios objetivos” y que el desarrollo sea “transparente”.

Mucho más duro fué Carlos Álvarez, su homólogo en UGT Servicios Públicos, quien piensa que el artículo es mucho más un “manual de elementos humanos” que una ley que regule la Función Pública. “Omite muchas de las esperanzas tangibles y específicas que han venido demandando los hombres de negocios públicos”, ha subrayado, mientras que ha recalcado su carácter “bastante básico”. Álvarez asimismo ha criticado que no tiene “una conexión y también incidencia directa sobre los usados públicos”.

Por su lado, CSIF ha rechazado que el Ejecutivo pretenda “de forma unilateral” que los gobernantes logren ser apartados de su situación. “La persona no posee defensa en vía administrativa con una evaluación negativa de la superioridad”, han añadido.

La reforma de la Función Pública es entre los compromisos pactados con Bruselas en lugar de los fondos de europa contemplados en el Plan de Restauración. Además de esto, asimismo fue acordado con UGT y CCOO en el acuerdo marco para una Administración del siglo XXI.

Por Dani