El impacto del turismo en la economía canaria y la polémica en torno a la vivienda vacacional

El turismo ha demostrado ser un pilar fundamental para la economía canaria. En 2021, gracias al turismo, la economía de las Islas Canarias creció un 3,9%, superando así el crecimiento de la economía española, que fue del 2,5%. Según el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, el turismo es el gran responsable de este crecimiento, no sólo por su impacto directo, sino también por su efecto tractor en el conjunto de la economía.

Sin embargo, el presidente de la organización empresarial, Pedro Ortega, lamenta que las críticas y el rechazo hacia el sector alojativo que han proliferado en los últimos meses estén causando un «enorme daño». Ortega sostiene que estas críticas suelen derivar de problemas diferentes, como la falta de vivienda para los residentes.

La controversia en torno a la ley de vivienda vacacional

García y Ortega también abordaron la tramitación de la ley de vivienda vacacional impulsada por el Gobierno canario. Ambos señalaron la ausencia de eficiencia de cualquier normativa que no atienda a las especificidades de cada una de las islas que integran el archipiélago.

Desde que comenzó la pandemia, el número de plazas turísticas ha disminuido en 5.600. García cuestiona la regulación basada en estadísticas que considera poco creíbles. Tanto él como Ortega se preguntan si los expertos están siendo consultados a la hora de tomar decisiones sobre estas medidas.

El auge de la vivienda vacacional y sus consecuencias

El negocio de la vivienda vacacional ha generado en los últimos años procesos de expulsión de los habitantes tradicionales de ciertos barrios. Los propietarios prefieren la mayor rentabilidad que ofrece el alquiler turístico, lo que provoca un aumento en los costes de los alquileres residenciales.

Por otro lado, la escasez de viviendas para uso residencial incrementa el precio de los alquileres de manera generalizada. Esta es una circunstancia que Ortega señala como la causa principal del rechazo hacia el turismo, que generó el 35,5% del PIB del Archipiélago y el 39,7% del empleo.

A pesar de ello, tanto el presidente como el vicepresidente ejecutivo de la CCE admiten la necesidad de regular la actividad del alquiler turístico, que ha irrumpido con notable fuerza en los últimos años. Sin embargo, advierten que cualquier ley fracasará si no se basa en un censo depurado de los activos que se dedican a este negocio y si no tiene en cuenta las circunstancias específicas de cada isla.

El crecimiento de la demanda turística en las Islas Canarias

Un claro ejemplo de la diversidad de las situaciones en las diferentes islas lo constituye el crecimiento de la demanda turística. Según García, Tenerife acapara 600.000 de las 900.000 plazas adicionales registradas desde la recuperación postpandemia, mientras que Gran Canaria solo ha podido recuperar los números que tenía antes de la crisis sanitaria.

García ironizó sobre la declaración de sucesivas emergencias –energética, hídrica, habitacional– como modelo de gestión por parte del Gobierno. A su parecer, estos anuncios solo sirven para acortar los plazos de tramitación y puesta en marcha de proyectos, algo que no sería necesario si los políticos se tomaran el tiempo suficiente para «pensar en el futuro» y aprobar regulaciones que no tengan que ser modificadas posteriormente.

La apuesta del sector turístico por la sostenibilidad

Pedro Ortega señala que el sector turístico ha «apostado por la sostenibilidad», adoptando modelos de buenas prácticas para reducir el impacto de la actividad alojativa. Sin embargo, advierte que avanzar en este sentido depende de la «implicación de la Administración», que debe proporcionar al sector privado las herramientas necesarias para ello.

La decisión política de reducir la jornada laboral

En otro orden de cosas, Pedro Ortega criticó la sustitución del diálogo social por un «monólogo social». En este sentido, se refirió a la próxima reducción de la jornada laboral, una decisión que considera «política» y que, en su opinión, generará una «pérdida de competitividad» en las empresas. Ortega argumenta que esta medida supone en la práctica un incremento «encubierto» de los salarios del 6%.

Esta medida se suma a otros factores que elevan los costes salariales y que dificultan el crecimiento de las empresas que forman parte del tejido productivo de Canarias. Según el informe de la CCE, en países europeos «como Suiza o Alemania», las empresas tienen un promedio de 21 y 12 empleados respectivamente, mientras que la media en España es de solo 5,4 trabajadores, ligeramente por encima del tamaño promedio de las empresas en Canarias.

La Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) identifica un centenar de normas de todo tipo –fiscales, laborales, contables…– que limitan el crecimiento de las empresas, una cuestión que la CCE considera fundamental para el desarrollo económico de las Islas Canarias.