El Estado español ha empezado a tomar medidas estratégicas para fortalecer su presencia en la industria de las telecomunicaciones, marcando su entrada en el capital de Telefónica. Recientemente, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha revelado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una participación del 3% en el capital de la operadora. La decisión se tomó luego de que la firma saudí STC expresara su deseo de adquirir el 9,9% de la compañía. El objetivo final del Gobierno es obtener una participación de al menos el 10%, lo que le convertiría en el principal accionista de Telefónica.
En la misma jornada, CaixaBank, un accionista histórico de Telefónica, anunció que reduciría su participación del 3,51% al 2,51%. Esta medida forma parte de su estrategia para disminuir su presencia en la operadora. Sin embargo, la entidad planea aumentar su participación a través de su principal accionista, Criteria, que actualmente posee el 2,6% del capital.
El paquete de acciones adquirido por la SEPI representa un costo de aproximadamente 690 millones de euros, según la cotización actual de la operadora. El Consejo de Ministros aprobó este movimiento estratégico en diciembre, autorizando a SEPI a comprar una participación del 10% en la compañía. El gobierno considera a Telefónica como una empresa estratégica debido a su vínculo con la seguridad nacional y la defensa.
Este movimiento marca el retorno del Estado al accionariado de Telefónica un cuarto de siglo después de su total privatización. La entrada de Arabia Saudí en Telefónica y su intención de ser el mayor accionista del grupo ha desencadenado otros movimientos en el capital de la empresa.
La SEPI, un accionista con vocación de permanencia, estabilizaría la composición accionarial de Telefónica. Esta medida contribuiría a salvaguardar las capacidades estratégicas de la compañía, que es líder en el sector de las telecomunicaciones y desempeña un papel crucial en áreas como la seguridad y la defensa.
Saudi Telecom (STC), la operadora controlada por el Estado saudí, mantiene sus planes de conseguir una participación del 9,9%. Ante ello, el Gobierno español ha comenzado a tomar medidas para contrarrestar este movimiento. Actualmente, la empresa saudí posee un paquete directo del 4,9% y derivados financieros por otro 5% adicional que aún debe ejecutar.
El costo total de la operación para el Estado podría ser de aproximadamente 2.200 millones de euros. La entrada de la SEPI en el capital de Telefónica disipa las dudas sobre cómo el Estado planea reforzar su presencia en la compañía, así como las especulaciones sobre si la falta de presupuestos del Estado impediría esta operación.
La entrada de la SEPI en el accionariado de Telefónica permitirá conformar un núcleo estable de socios españoles, reforzando así el control del grupo. Este núcleo de accionistas españoles estaría formado por la SEPI, BBVA y CaixaBank.
CaixaBank, cuyo principal accionista es la Fundación La Caixa a través de Criteria, ha decidido liquidar parcialmente una cobertura sobre un 1,957% de su participación de 3,510% en Telefónica. Sin embargo, el banco tiene la intención de aumentar gradualmente su participación a través de Criteria, con el objetivo de alcanzar una participación total de alrededor del 5%.
Telefónica es una de las participaciones históricas de La Caixa. El presidente de la fundación y de Criteria, Isidro Fainé, lleva siendo consejero de la operadora durante 30 años y actualmente es su vicepresidente. La entrada de la SEPI a Telefónica representa un importante paso en la estrategia del Estado para fortalecer su presencia en la industria de telecomunicaciones y salvaguardar los intereses estratégicos del país.